La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que tumbe el Decreto Ley 896 de 2017 que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) por vicios en su formación.
Esto, al estimar que se trata de un programa que tiene que ver con el desarrollo rural y, por tanto, en este debe participar el Ministerio de Agricultura.
Dicho programa, a cargo de la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto, busca promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con programas y proyectos, y busca beneficiar a las familias en situación de pobreza que subsisten con estas plantaciones y que de manera voluntaria se comprometen a no hacerlo más.
El procurador general, Fernando Carrillo, expuso la existencia de varias falencias en cuanto a forma, como la falta de la firma del ministro de Agricultura, 'lo cual tiene una importante incidencia en los aspectos materiales del decreto', por el rol que esa cartera tendrá en el programa.
Para Carrillo y la entidad que dirige, el programa de sustitución de cultivos se encuentra inmerso en la política de desarrollo rural del Estado, porque no solo busca mejorar las condiciones de pobreza y marginalidad, sino que también va 'dirigido a una nueva explotación económica y ambientalmente sostenible para su autosostenimiento; empleando mecanismos interinstitucionales y participativos de planeación conjunta, que por su naturaleza repercute sobre el uso y la propiedad de la tierra'.
De acuerdo con la procuraduría, la falta de la firma del ministro de Agricultura en el Decreto es un vicio insubsanable. 'A través de este programa se coordinan autoridades del orden nacional y territorial, así como las acciones de las comunidades, en beneficio de familias campesinas, bajo condiciones de seguridad, concertación, planeación y formalización de la propiedad, por el cual, en el acto bajo examen, era requerida la firma del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural como integrante del Gobierno Nacional', añade el documento.
También pide tumbar: visa especial para extranjeros de las Farc
De igual forma, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que tumbe el Decreto Ley 831 con el cual el Gobierno les otorgó a los extranjeros que hacen parte de las filas de las Farc una visa de residencia especial. La visa de Residente Especial de Paz se otorga a los guerrilleros extranjeros que estén en los listados entregados por esa guerrilla y verificados por el Gobierno, una vez terminado el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad, si pretenden establecerse en el país de manera indefinida. En el concepto entregado a la Corte, el procurador Fernando Carrillo señaló que no hay una conexidad directa con el Acuerdo de Paz, pues allí no se pactó nada relacionado con el visado para los miembros extranjeros de las Farc. El Gobierno Nacional, por su parte, aseguró que se quiso resguardar la estabilidad en el tiempo de este nuevo sistema de visado para garantizar a los ex combatientes de las Farc extranjeros 'un mayor nivel de seguridad jurídica para la regularización de su situación migratoria'.
