Este miércoles la Corte Constitucional llevó a cabo una audiencia pública con la que buscó reunir elementos de juicio para decidir si avala o no la Ley de Amnistía, que concede beneficios jurídicos a los actores que participaron de manera directa en el conflicto armado colombiano.
La sesión contó con la participación de voceros del Estado, miembros de la comunidad internacional y representantes de organizaciones de víctimas del conflicto.
Víctimas y ONG cuestionan elementos de la Ley
La vocera del Movimiento de Crímenes de Estado, Soraya Gutiérrez, señaló que algunos elementos de la Ley de Amnistía deben condicionarse para que no impliquen un trato privilegiado para los agentes de la Fuerza Pública.
Gutiérrez indicó que el trato equitativo y simétrico acordado para gentes del Estado, no puede desconocer que la Fuerza Pública tiene un deber de garante con la sociedad civil y, en ese sentido, su sanción debe ser proporcional a esa responsabilidad incumplida.
Así mismo manifestó que la Corte debe diferenciar hechos cometidos en el marco del conflicto de los crímenes efectuados por la fuerza pública en el marco de violencia sociopolítica.
'Es necesario demostrar que los hechos guardan relación con el conflicto. En Colombia se ha desarrollado una violencia sociopolítica contra defensores de derechos humanos, no originada con el conflicto armado, sino violencia que se ha usado para desterrar la reivindicación social', señaló.
Naciones Unidas y sus críticas
Entre tanto, el representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos, Todd Howland, formuló serias críticas a la Ley de Amnistía ante la Corte Constitucional al estimar que no es consistente con la normatividad internacional y que otorga beneficios a victimarios sin ningún compromiso real con las víctimas.
Para Howland, la ley debe limitarse exclusivamente a los delitos de rebelión y conexos y su redacción y concepción realmente es 'un esfuerzo para evitar responsabilidades'.
'La Ley de Amnistía no es consistente con obligaciones internacionales ni con la concepción de justicia restaurativa que está en los Acuerdos', señaló.
Esto, por ejemplo, porque la algunas de las conductas que están excluidas de amnistía en la ley como los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra y las ejecuciones extrajudiciales no están tipificadas como delitos en el Código Penal Colombiano.
Actualmente hay beneficios de amnistía entregados por delitos de homicidios de personas protegidas, por parte de personas de las Farc y la Fuerza Pública. Este crimen puede ser considerado violaciones graves a los derechos humanos pero como no está tipificado hay un problema real. Hay un esfuerzo por decir una cosa y hacer otra cosa', agregó.
Defensoría del Pueblo
La delegada de la Defensoría del Pueblo, Paula Robledo, cuestionó que la ley no permita que la Nación pueda interponer una acción de repetición para que los agentes del Estado paguen de su propio bolsillo el daño causado, si llegan a ser beneficiarios de la ley.
'Esto ocasiona un detrimento del patrimonio del Estado, de la garantía de los fines y obligaciones, entre ellos la reparación de las víctimas', dijo Robledo.
Para la delegada, la Corte debe tumbar el aparte de la ley que elimina los antecedentes penales de los agentes de la Fuerza Pública beneficiados con amnistías e indultos, por 'violar los derechos de las víctimas a la verdad'.
El choque entre el Gobierno y Unicef
Durante el desarrollo de la audiencia se presentó un cruce de opiniones sobre la posibilidad que se otorguen amnistías a los guerrilleros responsables de reclutar menores de edad, entre los 15 y 18 años.
Esto, porque la Ley de Amnistía actualmente establece que no habrá ese beneficio jurídico si se trata de casos de reclutamiento de menores de 15 años, porque así lo señala el Estatuto de Roma, pero nada dice la norma sobre los menores entre 15 y 18 años, por lo que sí se podrían amnistiar.
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y la Unicef, consideraron que el reclutamiento forzado entre los 15 y 18 años sigue siendo un crimen de guerra, por lo que pidieron a la Corte que eleve el límite.
Para Carrillo, 'entre las víctimas si alguien tiene prioridad son los niños y las mujeres, luego ponerlos en segundo nivel, poner en entredicho la importancia que tiene la entrega o el reclutamiento de los niños, es una equivocación'.
A su turno, el representante de Unicef en Colombia, Roberto de Bernardini, también consideró que la ley desconoce la normativa internacional, al ignorar que el estándar de protección de los derechos del niño va hasta los 18 años.
En respuesta, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, señaló que el Gobierno está tranquilo porque se tomó como base la edad de quince años, porque así lo consagra el Estatuto de Roma, 'que es uno de los tratados más avanzados en garantías para que no exista impunidad'.
'Luego respetar el estándar habla bien de la ley de amnistía y eso es el límite que el gobierno tiene que acoger y, por lo tanto, nos sentimos tranquilos porque estamos respetando el estándar. Me llama la atención que los críticos del proceso de paz siempre han hecho un llamado para que se acoja el estándar del Estatuto de Roma, ahora nos piden que no', dijo.
