Luego de que se firmara el primer Acuerdo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc en Cartagena el 26 de septiembre del año pasado, y de que posteriormente el país realizara el plebiscito del 2 de octubre, que dio como ganador a la opción del ‘No’, el 24 de noviembre de ese mismo año se firmó en el teatro Colón de Bogotá el ‘Nuevo Acuerdo de Paz’ entre las dos partes negociantes.
Con ese nuevo documento firmado, que además incluyó las observaciones y los ajustes que los líderes del ‘No’ le sugirieron al primer Acuerdo, la pelota pasó al Congreso, al que le tocó decidir en diciembre si refrendaba o no el último texto acordado.
De los 268 parlamentarios que tiene el país, 205 (130 en Senado y 75 en Cámara) se pronunciaron a favor de que se pusiera en marcha lo pactado.
Para los analistas, no obstante, dichos resultados tuvieron un alcance más político que jurídico, en la medida en que con ellos simplemente se le dio vida al pacto sin entrar a desarrollarlo a profundidad.
Así las cosas, fue hasta después de ese diciembre que inició el proceso paralelo de la implementación del Acuerdo: a un costado, la que se ha venido desarrollando al interior del Congreso (implementación normativa), y al otro, la ‘física’, que ha estado materializándose en los territorios.
De igual forma, desde esa fecha también empezó a correr el cronograma de los llamados ‘D+180 días’ en los que se tenía previsto la concentración de los guerrilleros en las zonas veredales, la entrega de sus armas y el tránsito final hacia la vida civil.
