Antonio Sanguino, presidente del partido Alianza Verde, habló con EL HERALDO sobre los retos que tiene por delante la Consulta Popular Anticorrupcción que viene adelantando su colectividad y que, en su primera fase, logró recolectar más de cuatro millones de firmas. Ahora le resta pasar el visto bueno del Senado y, posteriormente, cuando se convoquen los comicios, que 11 millones de colombianos salgan a apoyarla.
¿Cómo ve el panorama en el Senado, que tendrá que darle el guiño a la convocatoria de la Consulta?
Bueno, en efecto, lo que ahora viene, después de que sean certificadas las firmas por la Registraduría, es una suerte de validación por parte del Senado. La plenaria del Senado debe votar una proposición que diga ‘es conveniente realizar la convocatoria de la Consulta’. Como no confiamos en el Senado, porque ya el Senado negó estas siete propuestas, pues nosotros vamos a realizar una gran movilización ciudadana para presionar al Senado para que vote positivamente la convocatoria a esta Consulta. Y es que mire, ellos ya han empezado a moverse. En la Reforma Política, el Gobierno y los partidos políticos aceptaron incorporar la limitación de los periodos en las corporaciones públicas, que es una de las propuestas de la Consulta. Y seguramente van a intentar hacer algunas reformas de algunos asuntos que no los afecten significativamente, hacer una suerte de reformas cosméticas, para evitar votar esta Consulta alegando que ya por otra vía se está reformando. Pero por ejemplo, van a negarse a que se baje el salario de los congresistas. Por eso tenemos que convocar una movilización ciudadana. Y por muchas vías: redes sociales, en actividades que programemos en su momento, presión desde afuera. Nosotros recibimos firmas de 49 países y cinco continentes; es decir que también podemos ayudar a hacer presión desde afuera para que el Congreso apruebe y valide la Consulta.
Luego de que el Senado avale la Consulta se requerirán 11 millones de votos, que son como los de una votación en segunda vuelta. ¿Cómo están planeando superar ese desafío?
Sin duda es un reto. Lo bueno es que no es una consulta para elegir a un solo candidato. Es una consulta para toda la ciudadanía. Ahí van a poder votar uribistas, liberales, conservadores, el que no vote el que esté indignado, porque también de lo que se trata es de convertir la indignación en una actitud positiva de cambio y de transformación del país y de las costumbres políticas. Entonces nosotros estamos invitando al ciudadano de a pie a que se indigna cuatro años y muchas veces se equivoca a la hora de elegir, o no vota porque siente rechazo por todo lo que escucha y ve. Esa indignación entonces hay que transformarla en hechos concretos para la ciudadanía.
Algunos se preguntan por la efectividad de las propuestas que componen la Consulta para reducir la corrupción. ¿Qué opina?
Nosotros sabemos que la lucha contra la corrupción no se agota en los siete mandatos de la Consulta. Pero son un caso importantísimo. No sólo por el hecho de movilización ciudadana y no solo porque está obligando a que la agenda de la lucha contra la corrupción se mueva en el país. El fiscal anunció un proyecto de ley, lo mismo hizo el procurador. El Gobierno se está afanando por introducir modificaciones en la reforma política, ¿y eso qué significa?, que este hecho de movilización mueve la agenda política del país y obliga a que haya cambios. Incluso los siete mandatos implican cambios importantes. Porque, ¿qué pasa con las audiencias públicas para asignar los recursos del presupuesto? Pues que los recursos no se convierten en propiedad privada de los parlamentarios, ni de los diputados, ni de los concejales. Hoy lo que está ocurriendo es que los secretarios de despacho y los ministros, a puerta cerrada, negocian las partidas presupuestales de inversión con los parlamentarios o con los diputados y concejales, y entonces ese congresista se viene a la región a decir ‘este proyecto lo traje yo, este proyecto es mío, entonces yo coloco el contratista‘. Y ese contratista termina en parte financiando la actividad política, con lo cual ese congresista termina comprando los votos de la gente.
Otros lo que se cuestionan es el alto costo que tendría la Consulta...
La democracia sin duda cuesta. Pero nos cuesta más la corrupción. Esta consulta puede costar, si se hace un día distinto a la votación de Congreso, unos 50.000 o 100.000 millones de pesos. No sé cuál es el estimado que tenga la Registraduría.Si se hace un día antes de la elección de Congreso, por ejemplo, el 10 de marzo, podemos utilizar la misma infraestructura y abaratar costos. Pero más nos cuesta la corrupción. El contralor, Edgardo Maya, ha dicho que mal contados la corrupción nos está costando 50 billones de pesos al año, sin contar con la corrupción que se pierde en los entes territoriales. El solo cartel de la hemofilia en Córdoba nos está costando 92.000 millones de pesos. Lo que valdría la consulta.
