Un proyecto de ley que busca reformar el mecanismo como operan en la actualidad los contratos de prestación de servicios, tanto en el sector privado como en el público, radicaron este lunes la congresistas de la Alianza Verde, Angélica Lozano y Claudia López.
La representante Lozano aseguró que se busca es garantizar unas condiciones decentes para los contratistas de prestación de servicios para que no vuelva a pasar casos como el de una señora quien en Bogotá ha trabajado en el distrito por 17 años y al revisar su situación laboral se encontró que durante tres años ha laborado y sin contrato.
'Tan solo en el sector público, para el año 2016, había 243.427 personas contratadas bajo esta modalidad', sostuvo la representante y añadió que no son menos de 800.000 los casos que se identifican bajo esa modalidad de trabajo, que tienen en el sector privado a la salud y la educación los mayores casos.
Lozano indica que con esta nueva propuesta se crea una multa por el no pago puntual de los honorarios, la misma equivalente al 1% de los honorarios dejados de pagar para el respectivo mes; por cada año de trabajo, continuo o no. De la misma manera, el contratista tendrá derecho a 5 días de descanso remunerado y una prima del 25% de los honorarios mensuales.
El proyecto dice además que se deberán continuar los contratos a quienes se encuentren en situación de discapacidad o mujeres en estado de embarazo o lactancia. 'No más trabajo gratis. No se podrá exigir ni directa, ni indirectamente que los contratistas trabajen si no está en vigencia el contrato', insistió.
Se prohíbe al contratista que realice funciones distintas a las fijadas en su contrato. También deberán tener un puesto de trabajo y los elementos mínimos para desempeñar su labor.
'Se acaba la contratación a dedo. Los contratos de prestación de servicios deberán hacerse con publicidad, transparencia y criterios de mérito', explicó a su turno la senadora Claudia López.
Por otra parte, las congresistas radicaron tres proyectos más, uno referente a adelantar una modificación a los planes de ordenamiento territorial para que se incorpore en los mismos el que se deba concertar los proyectos de exploración minera.
López y Lozano, también radicaron una iniciativa más que pretende que se defina cómo se debe hacer la minería y otro relacionado con el restablecimiento de la licencia ambiental para exploración, la misma que se existió hasta que el gobierno de Álvaro Uribe, quien la desmontó.
