Después de haber entrado en vigencia la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la comisión de seguimiento y monitoreo a esa normativa concluyó que persiste el incumplimiento en las medidas de atención, asistencia, reparación integral y restitución de derechos territoriales para las víctimas del conflicto armado colombiano.
El informe, que fue entregado al Congreso de la República, hace énfasis en el riesgo en que están los derechos de las víctimas étnicas, debido a que 'la estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales'.
El documento señala que la reducción de recursos financieros que no dependen del Sistema General de Participaciones, sumado a las restricciones del Estado, 'hace improbable un incremento de recursos para la reparación integral, que respecto de la medida de indemnización apenas alcanza el 7% de la población'.
Reparaciones inconclusas
En cuanto al número de procesos de reparación colectiva, el documento afirma que hasta la fecha ninguno de los 522 que hay registrados han concluido. 'Se ha iniciado la reelaboración de los planes de reparación colectiva por la incapacidad material de cumplir con los compromisos y en algunos casos persisten las críticas porque la implementación de las medidas no responde a las necesidades reales de las víctimas y las particularidades de sus territorios'.
'Se evidencia con preocupación la no inclusión explícita del tema de derechos territoriales de las comunidades étnicas y la falta de medidas para impulsar los procesos'.
