Por Javier Tous*
En Sucre, de acuerdo con las cifras del RUV, se encuentran registradas 255.743 víctimas de las cuales 250.148 son consecuencia directa del conflicto armado. Esto significa que, con una población de 826.780 habitantes, las víctimas representan un 32% de la población del departamento. Estas impactantes cifras son el reflejo de diferentes dinámicas y actores que se han desarrollado en el contexto del conflicto armado. En efecto, se han dado distintas expresiones de violencia ligadas a distintos actores como el PRT, la CRS, las Farc, las Auc, los parapolíticos y las bacrim.
En cuanto a dinámicas también se han mostrado en un amplio espectro que va desde el desplazamiento forzado hasta la cooptación del Estado, pasando por masacres, despojos, narcotráfico, homicidios y violencia sexual.
Desde una mirada histórica reciente, los años 80 vieron la aparición de los primeros grupos guerrilleros en el departamento cuando el PRT y la CRS hicieron presencia en la subregión de los Montes de María. Tras la desmovilización de estos grupos, el nuevo actor que entró en escena a principios de la década de los 90 y vino a ocupar un rol protagónico en los Montes de María fueron las Farc con los frentes 35 y 37.
Para afianzar su presencia social, militar, política y económica en la zona las Farc tuvieron como objetivos, además de las fuerzas armadas y de policía, a la población civil y organizaciones sociales.
Entre sus métodos, sobresalieron los homicidios selectivos, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, extorsión de comerciantes, secuestros selectivos y no selectivos, mejor conocidos como las famosas pescas milagrosas.
Por señalar algunas incursiones de las Farc, se resaltan el ‘burro bomba’, cargado con 70 kilos de explosivos y detonado en 1996 en la estación de policía de Chalán donde murieron 11 policías; el asesinato de Hugo Salcedo, candidato a la Alcaldía de Ovejas en 1997; el ataque con dinamita a la Alcaldía de Morroa en el 2000.
En la segunda mitad de la década de los 90, un nuevo elemento se sumó a la escena del conflicto armado, cuando ganaderos, políticos y paramilitares se aliaron para luchar contra la guerrilla, abriendo así las puertas del Departamento al fenómeno paramilitar.
Con la misión de acabar con la guerrilla y dominar corredores para el tráfico de drogas, los grupos paramilitares en la zona usaron métodos atroces, entre los que resaltan sus horrendas incursiones.
Una de ellas fue la masacre de Chengue, corregimiento de Ovejas, donde el 17 de enero de 2001 el Bloque Montes de María, acusando a los pobladores de ser colaboradores de la guerrilla, asesinó a 28 personas, la mayoría a punta de machetazos.
El fenómeno paramilitar no se quedó sólo en el escenario bélico, sino que también se ubicó en la esfera política de Sucre, cooptando así espacios estatales del departamento. Entre los casos más sonados de parapolítica resaltan: Jairo Merlano, exsenador condenado a 8 años y 3 meses por concierto para delinquir; Eric Morris, ex representante a la Cámara condenado a 6 años por sus nexos con el Frente Mojana; Álvaro García, exsenador condenado a 40 años, entre otras cosas, por ser el autor intelectual de la masacre de Macayepo, y Salvador Arana, ex gobernador de Sucre y ex embajador en Chile condenado a 40 años por el asesinato del ex alcalde de El Roble y conformación de grupos paramilitares.
Las dinámicas violentas que azotaron la región no han cesado en su totalidad a pesar de que los principales líderes paramilitares, entre los que destacan Cadena, Diego Vecino y el Oso, han desaparecido o se han desmovilizado.
Hoy en día las bandas criminales, a través de actividades como el microtráfico, la extorsión y el narcotráfico, tienen presencia en Sucre, incluso se ha llegado a hablar de casos de bacrim-política.
Lo que se encuentra en juego en todos estos escenarios de conflicto armado y violencia son los derechos humanos de la población: vida, salud, vivienda, integridad, libertad, trabajo, etc.
Actualmente, en el contexto sucreño, esos derechos se encuentran amenazados por un elemento que, si bien no es violento en las dinámicas del conflicto armado, sí lo es en su potencial de atentar contra el mejoramiento de las condiciones de la gente: la corrupción. Recientemente, la Contraloría lanzó una alerta por alto riesgo de corrupción en departamentos del Caribe, teniendo en cuenta el número de contratos con regalías que se hacen con oferente único, donde Sucre tiene un 83%, y la prioridad de las necesidades sociales en los proyectos de regalías, donde Sucre, teniendo un IPM de 73,1%, destina solo el 27,7% de sus regalías para esas necesidades.
* Director del Centro de Derechos Humanos del Caribe, Universidad del Norte, Barranquilla.
