Por Carlos J. Velásquez M.*
El medio ambiente tiene todo que ver con el postconflicto, al menos, cuatro aspectos definen esta relación.
Por una parte, los conflictos en Colombia se han dado, en gran medida, como consecuencia de las desiguales relaciones en el acceso, tenencia y uso de la tierra y no se puede obviar que la tierra es también un recurso natural y que su uso conforme a la vocación que tiene, viene dado, en parte, por disposiciones ambientales.
Pero, además, el medio ambiente ha sido un instrumento estratégico de guerra. Grupos han enfocado su discurso y acción para golpear o dañar estructuras e infraestructuras de apoyo a la exploración y explotación de ciertos recursos naturales y, otros, han abusado de éstos para infligir golpes a sus adversarios, como el envenenamiento del agua o el uso de la fauna en atentados.
En tercer lugar, una importante fuente de financiación de la guerra ha provenido, desde siempre, de la explotación irracional de recursos naturales. Aún hoy, los grupos al margen de la Ley, disidentes y reinsertados, van tras los recursos naturales para financiar su accionar.
Por último, no es posible olvidar que en solo el 0.7% del total de la superficie de la tierra, Colombia reúne entre el 12 y el 14% de la diversidad biológica del mundo, por lo que es considerado un país megadiverso. Sin embargo, los colombianos desconocen, de manera generalizada, su patrimonio ambiental, y tal desconocimiento puede ser atribuido, de forma principal, a dos realidades: la primera, al poco valor que la clase dirigente del país ha otorgado a su principal patrimonio, amarrado a una visión de desarrollo inconsciente y depredador, y, dos, pues en los 50 años que ha durado el conflicto, muchas de las bellezas y maravillas ambientales (espacios y especies) fueron inaccesibles para la mayoría de colombianos.
Así las cosas, preocupa que, a pesar de la importancia que el ambiente tiene o debería tener en una futura agenda de desarrollo, el tema sea marginal en la implementación de los acuerdos, o por lo menos no se le dé el mismo peso que a la discusión sobre purgar penas o participar en política.
Retos
El gran reto del anhelado acuerdo de paz y sus posteriores escenarios de construcción de tejido social en tiempos de posguerra pasan, inobjetablemente, por sus implicaciones en escenarios que incluyan la protección, conservación y mejora de nuestro principal patrimonio. De la incorporación decidida de consideraciones ambientales en los acuerdos, dependerá que éstos se conviertan en dinamizadores para alcanzar el modelo de desarrollo sostenible, tal y como lo estableció la Carta Política desde 1991.
Por supuesto que aún queda trecho por recorrer y muchas cosas por decidir, por lo que la oportunidad está aún abierta y a la espera.
Precisamente, meses atrás el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, publicó un documento sobre la necesidad de incluir las consideraciones ambientales en los escenarios de posconflicto. Este importante documento compartió un conjunto de advertencias a tener en cuenta.
La primera, que las zonas prioritarias para la implementación de las acciones de construcción de paz (desarrollo de infraestructura, apertura de mercados y capitales, desarrollo agropecuario, programas de desminado, sustitución de cultivos de coca, creación de un fondo de tierras, etc.) son de altísima relevancia ambiental. Frente a ello, varios interrogantes ameritan discusión: ¿qué parte de esas áreas serán protegidas?, ¿a través de qué figuras?, ¿cómo hacer compatible las soluciones de desarrollo económico planteadas con la vocación ambiental y, por ende, con la protección ambiental de las zonas?
La segunda manifiesta que la implementación de la Reforma Rural Integral impone significativos retos frente al manejo de las zonas de reserva forestal en las cuales se debe evitar promover actividades productivas distintas a las que su vocación permite.
Al respecto exhorta a plantear un escenario de asignación de tierras a población víctima del conflicto y a los excombatientes, así como la promoción de actividades a desarrollar en esas tierras. Los acuerdos y la nueva dinámica social y política traerán como consecuencia condiciones que mejorarán la competitividad de las regiones, por lo que es necesario evaluar y potenciar actividades compatibles con el suelo, incluyentes socialmente y conservacionistas de la vocación ambiental.
Proyectos
Al tiempo que se publicó el documento del PNUD se aprobó la Ley sobre Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, mejor conocidas como Zidres, las cuales permitirán el establecimiento de proyectos productivos en zonas aisladas del país, donde no hay infraestructuras y altos índices de pobreza, por lo que los proyectos demandan altas inversiones que solo el sector privado puede cubrir.
Si las Zidres cumplen con lo que proponen, esto es, el desarrollo de proyectos agroindustriales respetando la vocación de cada zona considerada y siendo incluyentes con productores y trabajadores, sin duda, servirá para dinamizar los acuerdos. Si, por el contrario, solo perpetúa el aprovechamiento de los grandes intereses económicos y pauperiza aún más a los campesinos, será otro detonante más de insatisfacción social.
Una tercera advertencia, indica que es indispensable considerar la actividad extractiva y sus implicaciones en la construcción de paz, con el fin de evitar que haya una migración de conflictos socioambientales hacia zonas con potencial minero.
Este es uno de los asuntos de mayor importancia. Los recursos están allí, en el subsuelo, pero debe existir presencia del Estado, para garantizar una operación legal, limpia, en zonas aptas para la extracción, con correcta distribución de beneficios y, por supuesto, con óptimas medidas de mitigación y restauración ambiental de todos los pasivos producidos.
El PNUD destaca también que la construcción de paz implica respuestas rápidas desde la institucionalidad ambiental para no generar cuellos de botella en la implementación de los acuerdos.
Hay que seguir pensando en la manera como se recompone el eje institucional del Sistema Nacional Ambiental, ya que las CAR han demostrado ser inoperantes y en muchas zonas corruptas, por lo que sin duda, es necesaria una reforma aprovechando la coyuntura los acuerdos.
También se destaca que es necesario avanzar en procesos de ordenamiento territorial concertados en las áreas prioritarias para el posconflicto. La experiencia de los POT de primera generación dejó en evidencia que el ordenamiento del territorio puede ser una muy buena herramienta para hallar visiones prospectivas de desarrollo a partir de las potencialidades del territorio, pero también, que son altamente manipulables a partir de la imposición de visiones unidireccionales de poderes políticos o económicos. Estos planes requieren una revisión en el contexto del posconflicto para que se conviertan en lo que realmente deben ser, instrumentos para orientar el desarrollo del territorio y del espacio físico a partir de claras estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.
Por último, en todos los casos la participación activa de las comunidades locales y sus organizaciones es indispensable para que las acciones que se decidan, se adelanten con eficacia y eficiencia en un entorno constructivo de resolución pacífica de conflictos ante y entre los intereses diversos que surjan.
Como ya hemos anotado, la reconstrucción del tejido social es uno de los asuntos esenciales del nuevo escenario posterior al conflicto. Sin duda, es necesario apropiar los recursos necesarios para que las comunidades participen con acciones claras y consistentes en la mejora de sus condiciones de vida.
En últimas, es necesario reverdecer los diálogos de paz; el medio ambiente debe ser transversal a la discusión, pues de su tratamiento dependerá la implementación de la mayoría de las soluciones propuestas. Sin duda, la conservación y uso racional del medio ambiente es indispensable para la nueva sociedad que se quiere construir.
Profesor e Investigador de Uninorte. Director del Centro de Estudios Urbano-Regionales Urbanum, de la misma Universidad.
