La candidata presidencial Marta Lucía Ramírez prendió este jueves las alarmas sobre la posibilidad de que los medios de comunicación en Colombia puedan ser 'censurados y hasta expropiados'.
Eso, según el borrador del proyecto de ley estatutaria sobre 'garantías de participación de las organizaciones y movimientos sociales' que se elaboró, según ella, con el apoyo de organizaciones como Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el Cinep, y que fue discutido en audiencia pública en el Congreso.
Entre sus preocupaciones está la 'clara y burda expropiación del espectro electromagnético a sus concesionarios; de las de licencias, frecuencias y equipamento de emisoras otorgadas a la fuerza pública y obligará a tener un miembro de las organizaciones sociales en entidades de carácter técnico como la ANTV, Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro, 81, 82 y 88'.
Ramírez también criticó que en los artículos 52 y 53 del documento 'se establece que toda información que involucre a las organizaciones y movimientos sociales tendrá la obligación de un estudio y análisis especial y deberá contrastarse la información antes de difundirse'.
'Se obliga a los medios de manera especial, a consultar como fuente a las organizaciones y movimientos sociales y a sus líderes, pues de no hacerlo se configurarán sanciones al medio. A su vez, se consagra el derecho a la réplica por cualquier pronunciamiento público que se haga sobre dichas organizaciones y se deberá transmitir por todos los medios de comunicación', añade la precandidata presidencial en sus observaciones.
Respuesta del Gobierno
No obstante, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, precisó que el borrador que tuvo Ramírez en sus manos no había sido elaborado por el Gobierno, sino que se derivó de un encuentro nacional de más de 1.500 líderes de diferentes sectores sociales, a partir del cual el gobierno sí elaboraría y radicaría el suyo propio.
De acuerdo con Rivera, la reunión de estos líderes para la elaboración del borrador que criticó la precandidata, así como la discusión en la audiencia pública que se realizó en el Congreso, correspondieron a un compromiso que se estableció en el Acuerdo final del Teatro Colón, para darle cumplimiento al aspecto de fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales del punto de participación política.
'A partir de ese borrador que construyeron las organizaciones sociales, el Gobierno deberá elaborar un proyecto de ley de garantías y promoción de la ciudadanía y de organizaciones sociales. Hasta el momento, no hemos radicado el proyecto en mención', indicó Rivera.
Sin embargo, EL HERALDO pudo obtener del ministerio del Interior un primer borrador que sí fue elaborado por esa cartera, en el que si bien no se menciona nada en relación con la expropiación del espectro electromagnético o de las licencias de las emisoras entregadas a la fuerza pública, se deja en claro la garantía de réplica de las organizaciones sociales, pero solo en los medios del Estado.
'Los movimientos y organizaciones sociales, a través de sus voceros, podrán solicitar el derecho de réplica frente a referencias o acusaciones directas de las cuales sean objeto por parte de funcionarios del gobierno nacional en los términos del artículo 1115 de la Constitución.
El derecho a la réplica se deberá otorgar a través de los medios del Estado en los cuales se hayan realizado las referencias o acusaciones, con sujeción al principio de equilibrio informativo en el transcurso de los siguientes 3 días hábiles', señala el borrador de la cartera del Interior.
Es decir, luego de haber recibido el borrador construido por las organizaciones sociales, el Gobierno limitó en su documento el derecho a la réplica sólo a entidades estatales.
