El afán de que el Congreso de la República finalice el trámite de la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), faltando menos de un mes para que termine el fast track, radica en que a partir de ella quedarán establecidas las funciones de la magistratura encargada de investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad cometidos por exguerrilleros, militares y terceros civiles involucrados en el conflicto armado.
Hasta que no esté lista la reglamentación de la JEP, el andamiaje que busca materializar el principio de justicia no podrá ponerse en marcha.
Desde el punto de vista de las víctimas, este asunto no es para nada menor, pues lo que está en juego es la institucionalidad que pretende permitirles, a través de la verdad, su resarcimiento tras más de 50 años de un conflicto que dejó una estela de sangre, principalmente, en civiles desarmados.
El anuncio de la candidatura presidencial de Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, para las elecciones de 2018, prendió la polémica sobre la participación en política de los exguerrilleros y la necesidad de que antes rindan cuentas ante la justicia transicional.
Más allá de las discusiones jurídicas, el hecho de que el partido político de la exguerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), haya candidatizado a quienes fueran los comandantes en los tiempos de guerra, no dejó de incomodar a varios sectores de la sociedad civil.
Como un 'insulto para todos los colombianos', lo calificó el precandidato presidencial del Centro Democrático Carlos Holmes Trujillo, mientras que el senador de Cambio Radical Germán Varón dijo que a su colectividad le preocupa que se apruebe la participación política de la Farc sin que sus miembros pasen por los procesos de la justicia transicional.
Hasta que no se resuelva el reglamento de la justicia especial, tampoco habrá claridad sobre cómo se dará la participación política de la desmovilizada Farc.
El Consejo Nacional Electoral le otorgó personería jurídica al movimiento político Farc, lo que le da luz verde para participar en las elecciones. Sin embargo, se requiere claridad para establecer si los exguerrilleros deben someterse a la justicia transicional para poder acceder a candidaturas políticas.
Partidos como Cambio Radical, Centro Democrático e, incluso, la Alianza Verde, que abiertamente ha manifestado su apoyo a la implementación del Acuerdo, han expresado que los candidatos de la Farc deben pagar primero las condenas que les imponga la justicia especial para luego sí tener luz verde en la participación política.
Voces de diversos sectores señalan que los candidatos de la Farc no pueden tener participación en política hasta que no pasen por la justicia especial para responder por sus delitos. Una de estas es la del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara.
El pasado viernes surgió otro lío jurídico que complica el panorama de la participación política de la Farc. La Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, creada por la Ley 1864 de 2017, advirtió que la inscripción de los aspirantes de la Farc no estaba asegurada, pues estos aún tendrían a cuestas las inhabilidades disciplinarias que pone a paz y salvo la Procuraduría, y que es un requisito previo para que se inscriban los candidatos.
La discusión jurídica alrededor de ese anuncio radica en que si bien la reforma constitucional 01 de 2017 (el llamado acto legislativo para la paz que creó la JEP) suspendió las condenas impuestas a los exguerrilleros por la justicia ordinaria, no lo hizo con el efecto de estas y, por lo tanto, las inhabilidades disciplinarias que se derivan de las sanciones siguen vigentes.
La misma ley que creó la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales definió que si un aspirante a algún cargo de elección popular se lanzaba con inhabilidades disciplinarias, podría recibir una pena de 4 a 9 años de cárcel y una multa de 200 a 800 salarios mínimos vigentes.
En síntesis, ya que en el acto legislativo para la paz quedó establecido que quien podía participar en política era aquel que no fuera sancionado por la JEP, lo que aún sigue en discusión reglamentaria en el Congreso, los efectos de las condenas de los excombatientes continúan vigentes y, por tanto, también sus inhabilidades.
El prontuario
El prontuario criminal de los miembros de la dirección del nuevo partido político de la Farc, que aún está sin resolver por parte de la JEP, es amplio y variado e incluye condenas por asesinato, desplazamiento, toma de rehenes, tortura y reclutamiento de niños.
El Departamento de Estado de EEUU considera a las Farc como una organización terrorista y en 2002 le formuló cargos por tráfico de estupefacientes. Los integrantes del Secretariado de las Farc, el Estado Mayor y la Comisión Internacional están en la Lista Clinton acusados por narcotráfico, narcoterrorismo y lavado de activos en Estados Unidos, desde 2006.
Los comandantes y otros miembros del grupo tienen procesos por asesinato, secuestro, desplazamiento forzado y más.
Así mismo ocurre con varios de los aspirantes de la exguerrilla al Congreso (tienen garantizadas cinco curules en Senado y cinco en Cámara de Representantes, según el Acuerdo), quienes cargan con sus respectivos expedientes judiciales.
Todas estas penas están suspendidas y se encuentran a la espera de que el Congreso termine el trámite legislativo de la reglamentación de la justicia especial para la paz, para que entren a ser solucionadas.
Las vías alternativas
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, no pudo ocultar la sorpresa que le causó el anuncio de la Comisión. 'El Gobierno siempre consideró que suspendiendo las condenas penales, se suspendían los otros efectos de las mismas, entre estos las inhabilidades de carácter disciplinario', indicó.
Dijo que el Ejecutivo está estudiando vías alternativas que le permitan solucionar el meollo jurídico para suspender las inhabilidades disciplinares de la Farc, y que pueda participar en las elecciones de 2018.
'Una de las alternativas es hacer una precisión en uno de los proyectos que cursa en el Congreso', señaló Rivera, refiriéndose a la reglamentación de la JEP. 'La otra es que la Corte Constitucional se pronuncie en el análisis que adelanta del acto legislativo de la Justicia Especial para la Paz (01 de 2017)'.
En efecto, la reforma constitucional que creó la JEP se encuentra en estudio de la Corte Constitucional, la cual podría, a través de su decisión sobre la exequibilidad de la misma, abrir la puerta para que el artículo 20, que habla sobre la suspensión de las condenas, se module.
Entre tanto, el Gobierno sigue haciendo llamados de auxilio a un Congreso que ya no le camina, y que tiene hasta el 30 de noviembre para decidir si aprueba o no la reglamentación de la JEP.
La Farc ha argumentado que el lanzamiento de las candidaturas se hizo para mantener la unidad al interior de sus bases y evitar que el nuevo partido político quedara acéfalo, pero para otros fue una garrafal equivocación que se sumó al hecho de haber mantenido las siglas de su antiguo nombre.
