Este lunes el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez, aseguró que a los problemas que tienen las FARC para participar en política se suma uno nuevo y es que, según el artículo cinco de la ley de delitos electorales, aprobada este año, quienes tengan inhabilidades y se presenten como candidatos a cargos de elección popular incurrirán en prisión de cuatro a nueve años.
El artículo reza: 'El que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes'.
Según el parlamentario, 'los señores de las FARC que están hoy condenados no pueden participar en política porque de lo contrario tendrían una pena nueva y ya no iría dentro de la jurisdicción especial de paz. Así mismo, aquellos funcionarios cómplices que sepan que quien se postula está inhabilitado y aún así se los inscriban tendrán la misma pena de prisión. Es decir registraduría y organización electoral'.
Y agrega que la Constitución inhabilita a 'los señores de las FARC que cometieron delitos y tienen sanciones disciplinarias. Nosotros hemos dicho que participen las bases o quienes no han cometido delitos atroces'.
Por otro lado, el representante conservador Telésforo Pedraza sostuvo que la ley señala que 'las autoridades no podrán inscribir a alguien que haya cometido delitos, por lo que quienes tienen sentencias estarían inhabilitados. Sin embargo, yo creo que estas cosas no son fáciles pero si queremos avanzar hacia la paz debemos dar demostraciones claras de que el Estado no es el que falla y cumple su palabra'.
A su turno, el representante Hernán Penagos sostuvo que como está redactada la ley 'sí están inhabilitados los exguerrilleros que quieran participar en política, porque entre otras cosas quien tenga una sanción no se podrá inscribir como candidato. Lo que queda es hacer una interpretación del acto legislativo que fuera acogida por la Procuraduría'.
Cabe recordar que el pasado viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil alertó sobre las dificultades que tendrían los jefes de las FARC para inscribirse por la falta de un certificado de antecedentes disciplinarios. Además , los exguerrilleros tienen menciones de carencia de inhabilidades y suspensión de derechos políticos por parte de la Procuraduría.
Ese mismo día el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que 'el espíritu del acuerdo es que quienes integraron esa organización armada puedan hacer política para defender esas ideas que dijeron defender en armas. Por esa razón el artículo 20 transitorio de la acto legislativo 1 de 2017 señala que se suspenden las condenas y las sanciones que emitirá la JEP no podrá afectar derechos políticos'.
Y agregó que 'el Gobierno había sostenido la tesis que habiendo suspendido las condenas penales se suspendían los efectos de las mismas, entre ellas las inhabilidades disciplinarias. Hoy escuchamos los argumentos del señor Procurador General y estamos evaluando soluciones para resolver esa dificultad'.
