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Hoy se espera que se lleve a cabo la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el dirigente del partido político de la Farc, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, con el fin de solucionar las incertidumbres que la exguerrilla manifestó la semana pasada alrededor de la Justicia Especial para la Paz (JEP) luego de que la Corte Constitucional emitiera un pronunciamiento en el que le hizo importantes modificaciones al modelo de justicia transicional tal como se había pactado en el Acuerdo Final.

En la carta que el pasado viernes ‘Timochenko’ le envió a Santos, se lee que entre las filas del movimiento hay alarma en 'máximo grado, ya no solo por los incumplimientos por parte del Estado en múltiples materias acordadas, sino sobre todo por la osadía con que distintas instituciones vienen actuando en contradicción abierta con el Acuerdo Final, hasta el punto de modificarlo en aspectos esenciales'.

Por su parte, el jefe de Estado, que ha jugado todo su capital político por el proceso de paz, no vaciló y este martes respondió y defendió a través de su cuenta de Twitter la reunión solicitada, y propuso que la misma se realizase en el día de hoy.

'No veo cuál es el motivo para no reunirme con este señor si lo que nos interesa a todos los colombianos, que no solamente a las Farc, es que el proceso continúe su implementación de manera normal, efectiva y rápida', escribió el presidente.

De darse la reunión, paradójicamente esta se realizaría exactamente a un año de la firma del Acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá, que se llevó a cabo el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.

Los cambios que preocupan a la Farc

Entre las preocupaciones que la exguerrilla manifestó luego del pronunciamiento del alto Tribunal, está el hecho de que se haya eliminado la obligatoriedad para que terceros civiles y agentes del Estado no militares acudan a la justicia transicional.

Argumentan que ese aspecto estaba en el texto de lo pactado, pues se partió del entendido de que en el conflicto armado también estuvieron involucrados, de manera directa y definitoria, esos mismos actores. Por ello, dicen, con lo dicho por la Corte, ahora la responsabilidad por lo sucedido en más de 50 años de guerra queda incompleta y esto, a la vez, afecta a la contribución a la verdad para las víctimas.

Otro de los tópicos que les preocupa es el de la extradición, pues aunque afirman que la Corte no se refiere de manera explícita a ello, sí señala que el incumplimiento al régimen de condicionalidad conlleva la pérdida de los beneficios entregados por la JEP.