Por 88 votos contra 7, la plenaria de la Cámara aprobó en la noche de este lunes la participación política de las Farc, tal y como venía en la ponencia, en el marco del último debate del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP.
Se trata del artículo 31 de la iniciativa de reglamentación al sistema de justicia transicional pactado entre el Gobierno y las Farc en La Habana, el cual pasó indemne, pese a que la oposición del Centro Democrático proponía que solo pudiese haber participación política para los desmovilizados una vez se hubiera cumplido la sanción impuesta por la JEP.
En un aparte de dicho artículo se lee, no obstante, que 'dicha Jurisdicción deberá establecer caso por caso los objetivos apropiados de las penas y definir si tales sanciones son compatibles con una intención genuina de las personas por responder ante la justicia, ponderando la proporcionalidad de la sanción con la gravedad del crimen y el grado de responsabilidad del autor, y el tipo y grado de restricción de la libertad'.
Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, puso de presente en el Salón Elíptico: 'tenemos el deber de defender lo que acordamos en La Habana, porque además lo acordó el presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado. Las sanciones de la JEP no pueden inhabilitar en materia de derechos políticos, por eso la ponencia es una reafirmación de lo que se aprobó en el acto legislativo que creó la JEP y de lo que la Corte Constitucional declaró exequible sobre el mismo'.
Y aclaró el titular de la cartera política que 'el juez de la JEP evaluará de qué manera se pueden hacer compatibles la sanción y el ejercicio de los derechos políticos. Si no hay verdad no se podrán ejercer derechos políticos. Esa es una garantía para las víctimas'.
En la Cámara
La plenaria de la Cámara de Representantes está próxima a terminar de aprobar el articulado de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, luego de haber dado aval a más de 80 artículos durante la sesión de este lunes, en la que queda aún pendientes de discutir los dos temas más complejos, las inhabilidades para los magistrados de la JEP y las penas para los delitos sexuales.
La sesión que arrancó pasado el medio día lo hizo en medio de la solicitud del ponente, Hernán Penagos, de votar todo el texto hoy debido a que el tiempo del fast track, el mecanismo legislativo con el cual se tramita, vence el próximo jueves 30 de noviembre.
Así mismo, hace falta la discusión del artículo nuevo incluido en el Senado, que busca que quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores sean juzgados por la justicia ordinaria.
En medio del debate el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez, denunció que la magistrada de la JEP Mónica Cifuentes participó en la discusión de La Habana, lo que a su criterio le quitaría la posibilidad de participar como togada en ese tribunal.
'Son dos acuerdos: uno en La Habana, que traía expresamente la inhabilidad para las personas que habían participado allí, y otro en el Teatro Colón, en el que usted participó doctora Cifuentes, donde esa inhabilidad ya no está presente. Queremos un mínimo de respeto para que esa corte ofrezca un mínimo de respeto con los colombianos', dijo.
Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sostuvo que el acuerdo firmado en el Colón tiene muchos cambios, entre ellos 'no incluir la limitación para que quienes participaron en las conversaciones tengan una inhabilidad. Yo creo que no hay duda o reproche ético, nos parece que es constitucional que podamos aprobar estos artículos conforme a la ponencia'. La discusión fue sanjada por la plenaria cuando apoyó afirmativamente que quienes hayan participado en los diálogos puedan ser magistrados.
Cabe recordar que antes de iniciar la discusión, el coordinador ponente de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz, representante a la Cámara Hernán Penagos, urgió a la plenaria de la Cámara de Representantes para que se vote hoy mismo todo el articulado, porque el tiempo apremia y se deberá dar especial atención a la conciliación de la misma con el Senado.
Por otro lado, un grupo de siete representantes conservadores informó que no votará el resto del articulado de la JEP, porque en su concepto aún es distante para beneficiar a las víctimas.
Ese grupo está integrado por los representantes David Barguil, Orlando Clavijo, Inés López, Jaime Losada, Germán Blanco, Ape Cuello y Luis Horacio Gallón, quienes señalaron que 'el texto de la ponencia no cumple con las expectativas de verdad, justicia, reparación a las víctimas y no repetición de delitos por parte de los exguerrilleros'.
Indican, además, que no comparten participación política de los exguerrilleros sin que primero hayan pasado por la Justicia Transicional; piden claridad sobre los beneficios que perderán los exguerrilleros que incumplan sus compromisos, no cuenten toda la verdad ni reparen a sus víctimas y que rechazan que el Gobierno haya eliminado el régimen de inhabilidades a los magistrados.
