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El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró este lunes que hasta la fecha no se tiene evidencia de que haya algún otro miembro de la Farc involucrado con temas de narcotráfico.

'Estamos mostrándole a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional que el acuerdo no es de impunidad ni de laxitud frente al narcotráfico. Queda claro que con los operativos de esta semana, que el narcotráfico es ilícito y que quien reincida en ello es objeto de judicialización por parte de la justicia', señaló el funcionario en una entrevista con Noticias Caracol. 

De igual manera, Martínez expidió la resolución con la cual decretó la legalidad de la captura con fines de extradición de Seuxis Hernández Solarte, más conocido como ‘Jesús Santrich’, por supuesta conspiración para el envío de 10 toneladas de cocaína hacia EEUU.

Martínez legalizó la detención luego de haber recibido la documentación que le envió el Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York relacionada con el caso.

Por este caso también se investigan a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, Armando Gómez España, alias ‘El Doctor’, y Fabio Simón Younes.

La justicia estadounidense ahora asegura que tiene pruebas que vinculan al ex Farc con el ‘Cartel de Sinaloa’. Entre las pruebas presentadas por Martínez Neira, se encuentran un cuadro que supuestamente habría dibujado el propio Santrich de su puño y que habría sido un regalo para Rafa Caro Quintero, líder de esa organización mexicana.

Garantes

Los países garantes del proceso de paz Cuba y Noruega manifestaron su preocupación por los últimos acontecimientos relacionados con el proceso de paz. Esto luego de que la semana pasada las autoridades capturaran a Seusis Hernández, también conocido como ‘Jesús Santrich’, por narcotráfico.

En el documento, ambos países piden a las instituciones del Estado colombiano garantizar la protección del acuerdo y asegurar el estricto cumplimiento de lo establecido, incluyendo lo relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue diseñada y acordada con el objetivo prioritario de garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición.