Cuando aún no cumple quince días en el Palacio de la Aduana y aún no termina de armar su gabinete, ya comienzan los dolores de cabeza para el alcalde Antonio Quinto Guerra. Es así como el procurador delegado Administrativo y Judicial, Germán Calderón España, confirmó ayer la presentación de una demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar que busca anular la elección del mandatario distrital.
En la misma actuación judicial, el representante del Ministerio Público solicitó la anulación temporal del cargo de Quinto Guerra. 'El día de hoy (ayer) he interpuesto una demanda de acción de nulidad a nombre del procurador General de la Nación que me asignó como funcionario especial para tal efecto'.
Ante el Tribunal Administrativo de Bolívar se presentó esta querella contra los actos que declararon la elección de Quinto Guerra como alcalde distrital de Cartagena en los pasados comicios atípicos del 6 de mayo.
Ahora, según el procurador, se espera que en los próximos días se conozca una respuesta por parte del juzgado, pues de ser admitida la demanda, se conocerá luego si es suspendido o no el mandatario. Con esta decisión, según el procurador, se quiere evitar un perjuicio para el distrito de Cartagena, a los ciudadanos y al orden jurídico, siendo este la protección que pretende la Procuraduría con esta acción legal.
'Proteger el interés jurídico, proteger el interés público y se le ha solicitado al magistrado ponente que decrete la suspensión provisional de esos actos de declaratoria de elección de Quinto Guerra en el distrito de Cartagena', precisó el procurador quien aclaró que estas son acciones públicas que deben ser expeditas y para ello esperamos que sean lo más pronto posible.
Para Calderón España, la demanda se sustenta en hechos novedosos y, que a través del estudio denodado se pudo detectar que si existe nulidad consistente en la celebración de contratos con entidades públicas que tienen injerencia directa en el departamento de Bolívar y particularmente en el distrito especial de Cartagena. 'El señor Quinto Guerra a sabiendas de que estaba inhabilitado aspiró al máximo cargo'.
España, aseguró que 'con la demanda se pretende establecer el valor que tiene la ética y la moral ante los intereses políticos, que se establezca por parte de un juez del contencioso administrativo qué pesa más, si los valores éticos o aquellos intereses particulares y personalísimos de carácter político'.
La Procuraduría señaló que la celebración del otrosí configura, de acuerdo con la jurisprudencia, la consolidación de un contrato adicional. 'Eso hace que se haga entender como un segundo contrato estableciéndose la causa de inhabilidad', dijo España.
En la demanda la Procuraduría citó un caso en el municipio de Santa Rosa de Viterbo que consideró 'análogo', y en el que el Consejo de Estado falló en contra de los intereses del alcalde de la localidad por haber sido contratista y firmado un otrosí en el año inmediatamente anterior a la elección.
