La Corte Suprema dictó resolución de acusación contra el detenido senador barranquillero del Partido Liberal, Álvaro Ashton, por el delito de concierto para delinquir, en medio del proceso que se le sigue por ‘parapolítica’.
La investigación contra Ashton se inició en 2012, luego de que el excomandante del Frente José Pablo Díaz, que delinquía en el Atlántico y parte del Magdalena, Édgar Fierro Flórez, alias Don Antonio, y el segundo de sus cabecillas, Mario Marenco Egea, alias El Gordo, lo señalaran de tener nexos paramilitares.
En versiones libres, Marenco dijo que el parlamentario barranquillero recibió respaldo de las AUC por el denominado ‘Plan Caribe’, liderado por el excomandante del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, que consistía en que el exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenisgberg, apoyaría a candidatos al Congreso que contaban con el respaldo de las AUC.
En pacto, agrega alias el Gordo, se acordó que Hoenisgberg –a quien también los paramilitares habrían apoyado en su campaña como burgomaestre- les garantizaría a los congresistas una participación burocrática en la Alcaldía de Barranquilla a cambio de un porcentaje de la contratación de la ciudad para las Autodefensas.
Aseguró el postulado que Ashton había tenido una participación en contratos y cuotas burocráticas del sector salud en el Atlántico y concretamente en el Materno Infantil de Soledad.
Narró Marenco 'que Ashton, en este centro médico, le recomendó a las AUC el nombre de Luis Francisco Romero como nuevo gerente del hospital'.
Sobre Ashton han dicho varios testigos ante la Corte, además, que habría pagado $1.200 millones, de los cuales una parte habría ido directamente al magistrado Leonidas Bustos,por el ‘Cartel de la toga’.
En el alto tribunal llevaban una década inmóviles los procesos por ‘parapolítica’ y por el saqueo a la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Contra el senador cursa un expediente por supuesto abuso sexual de menores, luego de la interceptación de una conversación con un botones del Hotel del Prado. El recepcionista, sin embargo, negó que se tratara de menores de edad.