Al menos cuatro congresistas electos estarían involucrados en redes de corrupción electoral y compra de votos en el departamento del Atlántico, a la manera en que lo estaría la representante a la Cámara por el Partido Conservador, Aída Merlano, detenida tras las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo.
Medios capitalinos informan que, por estos hechos, el fiscal Néstor Humberto Martínez informará este jueves que compulsará copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue a los aforados constitucionales.
El ente acusador está detrás de una especie de red de venta de ‘franquicias regionales electorales’, a través de las cuales los candidatos compraban los votos de un grupo masivo de ciudadanos para ganar curules en el Congreso.
En este escándalo, en el que los legisladores electos podrían pagar penas de cuatro a nueve años de cárcel, también estarían implicados numerosos líderes regionales.
A finales de mayo, el jefe del ente investigador, Néstor Humberto Martínez, manifestó que tenía información contundente sobre esta red, la cual calificó de nivel nacional y con una influencia desproporcionada. Sin embargo, explicó que iba a esperar que pasaran las elecciones presidenciales en segunda vuelta para hacer el anuncio, para no afectar el proceso electoral.
'El país va a quedar escandalizado cuando se conozca y no lo haré sino después de segunda vuelta, para que no digan que estoy interviniendo en política. La dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda', aseguró el fiscal en aquella oportunidad.
'En lo que acabamos de hacer en Barranquilla hemos descubierto una verdadera empresa, una organización criminal dedicada a la compra de votos con organigramas con manuales de función', dijo el jefe del ente acusador.
El pasado 26 de mayo, el Juzgado 9 de Control de Garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los hermanos Sara Luz y Carlos Jiménez Otálvarez, presuntos asociados de Aída Merlano en la organización criminal de compra de votos en Barranquilla.
En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento el pasado viernes, el fiscal 37 Anticorrupción de Bogotá, Joseph Berdugo, aseveró que el abogado Carlos Jiménez sacaba armas de fuego para intimidar a testigos y hacerlos firmar declaraciones falsas con el fin de ejercer una aparente obstrucción a la justicia en este caso.
El delegado del ente acusador expuso que la organización de compra de votos obtenía las bases de datos de la Registraduría para verificar que los votantes de sus líderes estuvieran en la zona en que estaban asignados. Es decir, como cada líder tenía asignados tres puestos de votación, debía zonificar en esos tres puestos a sus votantes, y la organización central cotejaba las bases de datos del ente electoral con las listas que les entregaban los líderes para confirmar que estuvieran diciendo la verdad en cuanto al número de votantes y, de esta forma, pagarles $10 mil pesos a cada líder por cada votante que tuviera.
En relación con el papel de Sara Luz, señaló el fiscal que había quedado a cargo de las funciones de la representante a la Cámara y senadora electa por el Partido Conservador. Puso de presente en este sentido que Sara era la encargada de pagar los dineros que se les debía a los líderes por su operación fraudulenta.
El propósito era elegir senadora a Merlano y representante a la Cámara a su fórmula, Lilibeth Llinás.
Describió además el fiscal que la intención de la organización era seguir comprando votos hasta las elecciones de 2019 'para que eligieran a Aissar Castro hijo, Margarita Ballén y Juan Carlos Zamora, entre otros, al Concejo de Barranquilla y la Asamblea del Atlántico'.
