Pasado un año desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) hicieran entrega de sus últimas armas en el municipio de Mesetas, Meta –7.132 fue la cantidad total que la ONU certificó–, la suerte del punto de justicia que esa guerrilla negoció con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos hoy tambalea, por cuenta de las dos modificaciones que esta semana el Centro Democrático logró adicionar a la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz.
Aunque lo aprobado ya permite que la nueva jurisdicción ponga en marcha sus funciones con más claridad, la iniciativa que el gobierno presentó dista mucho de la que salió del Congreso, y para muchos ello no deja de ser un fuerte golpe al espíritu del pacto inicial con los excombatientes.
Uno de esos cambios –y, sin duda, el más polémico– tiene que ver con el juzgamiento de militares y miembros de la Fuerza Pública involucrados en delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto armado interno. El Senado de la República aprobó la creación de una nueva sala especial al interior de la JEP en la que, con nuevos magistrados y procedimientos, diferentes a los que hoy en día ya están posesionados y esgrimidos, se tramiten los procesos que concurren contra los uniformados.
Como se requeriría de una reforma constitucional para que dicha sala empiece a funcionar, y ello tomaría alrededor de 18 meses, ese sería el tiempo en el que los militares que así lo deseen puedan solicitar la suspensión de sus procesos, a la espera de la nueva instancia.
Con todo esto, la Cámara alta tocó una fibra en extremo sensible y las reacciones no se han hecho esperar.
Una primera discusión que se ha abierto es la constitucionalidad de lo aprobado. Como se trató de una ley de procedimiento y no una estatutaria, el control constitucional de la misma es posterior y no previo. Es decir, las proposiciones entran a regir en el ordenamiento jurídico y, ya en marcha, pueden ser sujetas a demandas por diferir de la ley macro que las cobija.
El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, ya anunció la puesta en marcha de dicha demanda. 'Lo que el Centro Democrático quiere es, sencillamente, que haya un sofisma de justicia porque la sala que proponen diseñar es una repetición de lo que hemos tenido en Colombia: una justicia penal militar muy acomodada a la impunidad de miembros de la Fuerza Pública frente a graves violaciones de derechos humanos', explicó el congresista en diálogo con EL HERALDO.
De acuerdo con Cepeda, si esa reforma constitucional se logra abrir paso, lo que también estaría en marcha sería la posibilidad de que se generen procesos para ocultar la verdad sobre lo que ocurrió en años de violencia.
Jaime Amín, senador del Centro Democrático, indicó por su parte para esta casa editorial que lo que se busca es impedir que a los militares se les juzgue con el mismo rasero que a las Farc. 'Ha sido un argumento de cuatro o cinco años del Centro Democrático, y lo dijimos desde el principio de la negociación. (…) Que a los militares y policías no los juzguen bajo el rasero de la JEP. Además, debemos tener en cuenta que hay una razón política mucho más de peso, y son los 10 millones de colombianos que votaron por el presidente Iván Duque. La opción que ganó era la que afirmaba que había que hacer eso', expresó el legislador barranquillero.
El ministro del Interior, Guilermo Rivera, dijo tras conocer las modificaciones que el Senado había aprobado al procedimiento de la JEP –particularmente sobre este de los militares– que se trataba de algo contrario a la Constitución, y que se precipitaría un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
'Vamos a estudiar cuál es la mejor alternativa para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las modificaciones. (...) El que tiene que ver con una suerte de congelamiento de la comparecencia de los miembros de la Fuerza Pública ante la JEP es flagrantemente inconstitucional, porque la Constitución dice que quienes están obligados a comparecer son los excombatientes de las Farc y los miembros de la Fuerza Pública que hubieran cometido delitos en el conflicto. De tal manera, una ley de carácter ordinario –como lo es la del procedimiento– no puede ir en contravía de un mandato constitucional', indicó Rivera.
