A muy pocos colombianos sorprendió el llamado a indagatoria de Álvaro Uribe Vélez por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera al propio Uribe, cuyo enfrentamiento con ese alto tribunal lleva más de 12 años, pues viene desde los tiempos de su primer mandato. La guerra del ex presidente con la Corte Suprema es despiadada. Y es nefasta para un país que observa impávido como por cuenta de ella se politizó la Justicia y se judicializó la Política.
Pero además es una guerra que se hereda. Que lo diga el joven presidente Iván Duque, quien deberá asumir la Jefatura del Estado el próximo 7 de agosto, con el riesgo inminente de que su mentor político y jefe máximo de su partido termine preso por orden de la Corte Suprema, tribunal que con dicha decisión le acaba de enviar un mensaje demoledor con la pretensión de condicionar su permanencia en la Casa de Nariño. La Corte Suprema -¡qué duda cabe!- le está midiendo el aceite al nuevo Presidente de la República, quien tuvo como una de sus banderas como candidato la creación de una sola Corte, que ponga fin -entre otras cosas- a la proliferación de altos tribunales.
De manera que la comparecencia de Uribe ante la Corte Suprema es la crónica de una indagatoria anunciada y esperada. La mitad del país espera que lo condenen y la otra mitad espera que lo absuelvan. De hecho, ya hay medio país que lo condenó y medio país que lo absolvió, sin que todavía Uribe y sus abogados hayan podido controvertir las pruebas que dice tener la Corte en su contra y sin que el ex presidente haya sido vencido en juicio.
Pero pretender que el proceso de Uribe no sea político es pedir demasiado. Ninguna decisión que tenga que ver con el expresidente podrá abstraerse de una alta dosis de politización, mucho menos si se relaciona con la posibilidad de que pierda su libertad. La propia Corte Suprema contribuyó de manera grave a que el proceso contra Uribe tenga un componente político demasiado alto. La decisión de llamarlo a indagatoria, por ejemplo, estuvo precedida de un período de 'aclimatamiento', al que contribuyeron periodistas y políticos detractores y enemigos del ex presidente, quienes se encargaron de ambientar la decisión.
De hecho, en plena campaña presidencial circuló el rumor de que la Corte Suprema había ordenado la captura de Uribe y que solo era cuestión de horas para que se materializara la decisión. Una serie de 'trinos' de la senadora Paloma Valencia, en los que alertaba sobre la medida, habrían evitado lo que -al parecer- era una decisión tomada. Un senador del Centro Democrático con quien hablé sobre ese episodio me contó que -en efecto- alguien que estuvo en la sala con los magistrados de la Corte Suprema, y que presenció el debate interno que se produjo en el alto tribunal, debido a la trascendencia de la decisión, les informó sobre la medida que adoptarían los togados. 'Ese día algunos magistrados de la Sala Penal de la Corte dijeron que Uribe tendría que ir preso', me informó el congresista, bajo absoluta reserva de su identidad.
Una de las protagonistas centrales de la historia -o al menos del capítulo más reciente del enfrentamiento entre Uribe y la Corte- es la ex fiscal Hilda Niño Farfán -detenida en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá por, al parecer, beneficiar a paramilitares. En una declaración que rindió ante la Fiscalía en mayo pasado, Niño habló de un supuesto complot para perjudicar a los hermano Uribe Vélez (Álvaro y Santiago). Este último procesado penalmente por su presunta participación en la creación del grupo paramilitar llamado 'Los 12 apóstoles'. No obstante, los testimonios de Niño han sido desestimados por la Corte Suprema, pues considera que ella 'se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra Santiago Uribe', según declaración del propio tribunal.
La ex fiscal Niño sostuvo ante la Fiscalía que detrás del proceso contra el ex presidente Uribe hay una poderosa 'red criminal', de la que harían parte el ex director de Justicia y Paz, Carlos Villamil, quien actuaría bajo orientaciones del ex magistrado de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, del ex fiscal general, Eduardo Montealegre, y del ex director del CTI, Jorge Perdomo, todos ellos enemigos declarados del ex presidente Uribe.
Todos estos testimonios -los favorables y los no favorables a Uribe- deben ser sometidos a una valoración jurídica desprendida de cualquier prejuicio. Es necesario que el proceso quede blindado contra cualquier sesgo ideológico, tanto de detractores como de defensores, algo que no será fácil de lograr, puesto que a Uribe se le odia o se le quiere. La Corte Suprema de Justicia -envuelta a su vez en su propia tragedia, que tiene que ver con el llamado 'cartel de la toga', en el que figuran ex magistrados investigados como el propio Bustos- debe tratar de mantenerse al margen de esta especie de Tsunami de cuentas por cobrar y malquerencias. ¿Qué hay detrás del llamado a indagatoria a Álvaro Uribe?
