El gran problema de la Justicia colombiana es que no es justa. Y no es justa porque no cumple con ninguno de los requisitos que debe tener toda Justicia: prontitud, eficiencia, transparencia y cumplimiento. Nada de ello existe en Colombia. Los tiempos procesales son eternos, la congestión es gigantesca y la respuesta de las autoridades judiciales -que debería ser inmediata- se dilata por meses y años. En Colombia quien se roba una gallina espera lo mismo para que le definan su situación que el sicario que mató a un candidato presidencial. Los juzgados están atiborrados de expedientes y las cárceles están repletas de personas que esperan que los jueces se ocupen de los procesos arrumados en los despachos judiciales.
Mientras tanto hay funcionarios, incluyendo jueces y hasta magistrados de altas cortes, negociando el bien preciado de la libertad de cientos de personas cuya suerte depende de la voluntad de un corrupto, quien a cambio de una buena cantidad de dinero termina condenando al inocente y absolviendo al culpable.
En ningún país del mundo existe un 'cartel de la toga', cuya perversidad y nivel de corrupción ha quedado demostrado hasta la saciedad. Solo en Colombia padecemos semejante agravio a la majestad de la Justicia. Sin embargo, pocos se atreven a desafiar el 'poder poderoso' de las altas cortes, cuya solidaridad de cuerpo es inocultable, ante el riesgo de ver comprometida su libertad y el patrimonio de su familia.
Nuestra administración de justicia, que hasta hace algún tiempo gozó de buena reputación, gracias al valor de cientos de jueces y magistrados de altas cortes, hoy tiene la misma credibilidad de la clase política. La percepción que existe sobre la eficacia y eficiencia de la Justicia es que solo se aplica a los de ruana. La inmensa mayoría de los colombianos cree que nuestra Justicia no solo es lenta, sino corrupta. Un grafiti escrito en una de las calles del centro de Bogotá, sintetiza de forma demoledora y cruda la situación: 'La Justicia cojea y no llega'.
Ante este panorama alarmante y desolador, todos proponen una reforma integral y estructural a la Justicia. Los candidatos presidenciales se ocuparon del asunto, incluyendo al actual presidente, Iván Duque, cuya propuesta inicial generó controversia, pues planteaba la eliminación de algunas altas cortes y la conformación de un gran tribunal, que eliminara todo el aparato burocrático de la Rama Judicial y volviera más mucho más expedita la administración de Justicia. Ante el aluvión de críticas que recibió el entonces candidato -en especial por los mismos magistrados que se verían afectados por la reforma- Duque replanteó la iniciativa y anunció la apertura de un debate que permita buscar consensos para reformar la Justicia. La sensación que quedó, después de que medio mundo se le vino encima, es que se asustó con el cuero antes de haber matado el tigre.
Los críticos de la iniciativa de Duque sostienen que su verdadera pretensión es la absolución de Álvaro Uribe, cuyo enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia -que lo llamó a indagatoria recientemente- se desbordó por completo y hoy existen en el país dos grandes bloques: los que piden la absolución de Uribe y lo señalan de ser víctima de una persecución implacable por parte de la Corte Suprema y los piden su condena por los delitos que le imputa el alto tribunal.
Unos y otros ya tomaron su propia decisión respecto a la inocencia o la culpabilidad del ex presidente, cuando lo que debería ocurrir, si nuestra Justicia tuviera credibilidad y prestigio, sería esperar que los procesos tengan su curso normal y al final se tome una decisión sobre la suerte del jefe máximo del Centro Democrático.
Pero mientras Duque consulta y socializa la reforma a la Justicia que presentará ante el Congreso, el partido Cambio Radical, que orienta el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, tomó la delantera y radicará esta semana su propuesta de reforma integral a la Justicia, que se ocupa, entre otros de dos temas fundamentales y controversiales de la actual administración de Justicia: las funciones electorales de las altas cortes y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.
Pese a la imperante necesidad de acabar tanto con las funciones electorales de los magistrados, como con el Consejo Superior de la Judicatura, lo cierto es que ambas propuestas, cuando fueron presentadas hace algún tiempo, terminaron hundiéndose en el Congreso. ¿La razón? El desfile intimidante de magistrados de altas cortes por las curules de los congresistas -que se mueren de susto ante la presencia de un togado- así como su intenso lobby, terminaron frustrando las iniciativas.
Lo cierto es que en Colombia, pese a la gravedad del asunto, todas las reformas se estrellan con una serie de intereses y de poderes que hacen que los intentos por hacer la gran reforma integral y estructural de la Justicia fracasen. ¿Qué hacer ante semejante panorama desolador y frustrante? ¿Es necesaria una Constituyente solo para que se ocupe de la Administración de Justicia? ¿Qué hacer con las funciones electorales de los magistrados y con el Consejo Superior de la Judicatura?
