La Comisión Primera del Senado aprobó ayer el informe de ponencia de la Reforma a la Justicia, pero el proyecto de acto legislativo tiene los tiempos contados y, al parecer, se votaría el próximo martes en la célula legislativa de asuntos constitucionales.
Los puntos centrales del articulado son los de elevar a rango constitucional el presupuesto para la Rama Judicial con el fin de fortalecerla; la creación de un Comité Interinstitucional del sector jurisdiccional, que reemplazaría al Consejo Superior de la Judicatura; la conformación de un Tribunal de Aforados, integrado por tres magistrados; el robustecimiento de la primera instancia y una mayor contribución ciudadana en las audiencias de participación y la consolidación de los requisitos para ser magistrado de las altas cortes.
La senadora ponente, Paloma Valencia, del Centro Democrático, explicó que se plantea 'la posibilidad de que los procesos de embargos que solicitan los bancos pasen de la justicia a otra autoridad administrativa, para que los jueces se dediquen al conocimiento de temas que realmente demanda la ciudadanía'.
A su vez, el senador Germán Varón, de Cambio Radical, propuso que 'los más de 500 procuradores delegados con que cuenta el Ministerio Público se conviertan en jueces de conocimiento de algunos delitos menores, con lo cual se ayudaría a destrabar la justicia'.
Entre tanto, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, reiteró que en la reforma, de 30 artículos, se acumularon los tres proyectos presentados sobre el tema, a la vez que subrayó que en la ponencia la tutela no se toca.
Agregó la jefa de la cartera del derecho que uno de los objetivos del Gobierno es digitalizar la Rama Judicial y que el Comité Interinstitucional de Justicia tendrá entre sus funciones 'la de aprobar el plan de desarrollo de ese sector, sincronizar el mapa judicial con el territorio y defender ante el Congreso el presupuesto de la Rama Judicial'.
No obstante, el senador cordobés de Colombia Humana, Gustavo Petro, criticó que la reforma está muy débil y aseguró que están tratando de mejorarla, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso de la ciudadanía a una justicia pronta y efectiva, así como con el hecho de robustecer el presupuesto de la rama.
Los tiempos del trámite son otro escollo a superar, pues el proyecto de acto legislativo requiere de ocho debates, y los primeros cuatro deberían darse antes del próximo 16 de diciembre, cuando concluyen las sesiones ordinarias del Congreso. Y al tratarse de una reforma constitucional no se puede votar en sesiones extraordinarias.
Si se vota el martes, llegará a la plenaria del Senado a finales de esa semana y la votación estaría para finales de octubre o comienzos de noviembre. Luego, tras 15 días, llega el articulado a la Comisión Primera de la Cámara, que lo estaría votando a finales de noviembre y, una semana después, llegaría por fin al pleno de la Cámara para su cuarto debate.
