Luego de que la Corte Constitucional decidiera que las consultas populares no podrán frenar los proyectos extractivos de minería e hidrocarburos en el país, se generaron diversas reacciones en el país. Sobre todo al señalar que las iniciativas ciudadanas no pueden desconocer la propiedad del Estado sobre los recursos del subsuelo, que trasciende a intereses locales o regionales, ya que incluye la competencia en el aprovechamiento de esos recursos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La primera fue la del Ministerio de Minas, que enseguida señaló en un comunicado: 'Esperamos que esta decisión permita incentivar la inversión y reactivar el desarrollo social y económico que representa la industria minero-energética para el país. Estamos convencidos de que el diálogo y el trabajo en equipo es la manera más efectiva para mejorar las prácticas del sector y seguir aportando al desarrollo territorial'.
A su vez, el representante atlanticense de Cambio Radical, César Lorduy, le dijo a EL HERALDO que 'por fin la Corte reconoció que las consultas populares no están ni pueden estar por encima de los intereses de la Nación, y menos contra el precedente normativo y jurisprudencial que indica que el Estado es dueño del subsuelo'.
Enumeró los casos de consultas en Piedras, Tolima; Tauramena, Casanare; Cabrera y Arbeláez, Cundinamarca; Cajamarca, Tolima; Cumaral, Meta; Pijao, Quindío; Jesus Maria y Sucre, Santander, y advirtió que 'si esto no paraba como lo acaba de hacer la Corte, el país hubiera quedado sin razón alguna, en medio de una votación, siempre a favor del agua, y en contra de la explotación de los recursos minero-energéticos, independiente de si dicha actividad se hacía o no, con los más altos estándares internacionales de sostenibilidad ambiental'.
Y concluyó que hay una paradoja en el asunto de las consultas, ya que 'por un lado los habitantes de los municipios se oponen a la industria minero-energética, pero por otro lado exigen más regalías para atender su desarrollo. Esas mismas regalías, en especial las que corresponden a recursos no ejecutados, que están por el orden de los $14 billones del bienio 2017 y 2018 pueden resolver de una vez por todas, los faltantes en el sistema de salud'.
Por su parte, el líder comunitario de La Boquilla, Cartagena, Benjamín Luna, advirtió en EL HERALDO que se declara 'sorprendido, porque es un cambio de jurisprudencia de la Corte'.
Explicó al respecto que 'en el pasado, la Corte había dicho que el pueblo sí podía decidir sobre explotaciones que pusieran en peligro la naturaleza, el agua y el ambiente. Por eso, yo creo que es un fallo regresivo para el reconocimiento de los derechos y la autonomía municipal, porque un municipio debe poder decidir si en su territorio se dan este tipo de proyectos'. Y sentenció que esto 'es un grave error de la Corte'.
