Ante el Consejo de Estado, la ONG ‘Temblores’ y miembros del Colectivo de Abogados José Alvear interpusieron una demanda en contra del Decreto 1844 de 2018, en el que se establece que la Fuerza Pública debe realizar incautaciones de dosis mínima y sancionar a quienes posean sustancias sicoactivas.
Sebastián Lance, que hace parte de la ONG, anunció que 'consideramos que esta medida lo que termina es creando un escenario de mayor grado de vulnerabilidad para las personas que habita en las calles y no tienen un lugar para poder consumir dicha sustancias'.
Otra preocupación que genera esta normativa a los demandantes es que se genera un nuevo procedimiento policial. 'Lo que implica es escuchar en descargos a la persona que es sorprendida con droga, esto sin duda otorga acciones casi judiciales a la Policía lo cual puede incurrir en vulneraciones en debido proceso'.
Lance también anunció que les preocupa que esta acción alimente practicas de perfilamiento, '¿cómo está la Policía requisando a las personas, basándose en qué criterios puede la Policía determinar si la persona es sospechosa de portar una sustancia? Eso alimenta practicas de perfilamiento, eso atenta en contra del libre desarrollo de la personalidad', planteó el demandante.
Por su parte, José Hans Carretero Pardo, abogado del colectivo José Alvear, anunció que su solicitud va encaminada a que se suspendan los efectos de este decreto porque es 'abiertamente inconstitucional' y como es una demanda de nulidad simple argumentamos que es un decreto ilegal.
'Está vulnerando el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al debido proceso y a la buena fe. Además de esto lo que está haciendo el presidente (Iván) Duque es saltándose las competencias del Congreso, si quería reformar un derecho fundamental debió haberlo hecho a través de una reforma a la Constitución o regularlo a través de una ley estatutaria', dijo el abogado.
Esta no es la primera demanda que se radica ante la Corporación. En días pasados la Representante a la Cámara, Katherine Miranda, aseguró que el decreto no solo viola los derechos fundamentales de los consumidores sino que no establece las medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico, o terapéutico para las personas que consumen dichas sustancias.
La demanda de la representante fue admitida por el alto tribunal.
