La Fiscalía informó este lunes en un comunicado que compulsará copias contra el senador barranquillero de Cambio Radical, Luis Eduardo Díaz-Granados, en medio de señalamientos por presunta corrupción en el sector salud.
El ente acusador mediante la compulsa de copias solicita a la Corte Suprema de Justicia, dada la condición de aforado constitucional del parlamentario, para que decida si hay méritos para iniciar una investigación o no en su contra.
'La fiscal de conocimiento del caso que investiga posibles hechos de corrupción en la salud dispuso la compulsa de copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que determine si existe mérito para investigar al actual senador Luis Eduardo Díaz-Granados y al ex representante a la Cámara Cristóbal Rodríguez (de La U por Boyacá), quienes en las evidencias recaudadas son mencionados por las personas que han sido imputados en el marco de la investigación ‘Quirófano’', se lee en el comunicado.
Hace tres días, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, develó una red delincuencial que permeó los recursos del Sistema Nacional de Salud en el primer semestre de 2016 y todo el 2017.
'Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía determinaron, a través de numerosa prueba documental y más de 500 audios, que desde el primer semestre de 2016 la entonces superintendente delegada para la supervisión institucional de la Salud, Eva Katherine Carrascal Cantillo, habría utilizado su cargo para favorecer a entidades promotoras de salud, EPS y cajas de compensación, a cambio de coimas recibidas mensualmente, las cuales recibía a través de cheques y pagos en efectivo', indicó el ente acusador en su momento.
Las investigaciones establecieron que incluso, Carrascal Cantillo, habría obtenido participación en negocios de la salud, particularmente participación accionaria en una empresa promotora de salud.
Según el fiscal, 'las pesquisas establecieron igualmente que Carrascal Cantillo y varios ex directivos y funcionarios de distintas instituciones vinculadas con el sistema de salud; además de funcionarios del Estado, de la Rama Ejecutiva y de la Rama Legislativa del poder público, habrían intervenido en la toma de decisiones administrativas para favorecer, presuntamente, a empresas del sector salud'.
'Favorecimientos que consisten básicamente en que recursos financieros del sistema se movilicen en favor de determinadas organizaciones empresariales, minando la solvencia financiera, y por supuesto, los dineros que deben ir únicamente al servicio de la salud de los colombianos para que paren en los bolsillos de los particulares', señaló el fiscal Martínez.
La red, de acuerdo con el jefe del ente investigador, habría permeado la administración de salud en Colombia, mediante el acceso a información oficial privilegiada de la siguiente manera: 'información que se reportaba por parte de las EPS a la entidad de regulación y de control que permitía admitir la necesidad de unos trámites de naturaleza administrativa por parte de los particulares ante la Superintendencia de Salud, lo que habilitaría la exigencia de pagos, coimas, sobornos, en beneficio de entidades vigiladas por el sistema de la Supersalud'.
El fiscal destalló al respecto: 'La tipología de conductas que encontramos durante las investigaciones eran agilizar pagos de dineros por EPS como Cafésalud y entidades territoriales. Esta es una modalidad de corrupción que se ha incrustado en el sistema de salud, subir facturas en la fila, en el orden de pago, da lugar a coimas, a porcentajes, a sobornos y esto ha quedado claramente demostrado en la investigación'.
Otra tipología de conducta era la incidencia en los trámites de reorganización para la toma de decisiones en la Superintendencia, favoreciendo las EPS y las cajas de compensación. 'Una modalidad vulgar, dañina, que ha afectado la estructura de las finanzas del sistema de salud', dijo Martínez Neira.
Otro de los capturados, señalado de integrar la red de corrupción es Javier Peña Ramírez, actualmente director médico nacional de Cajacopi EPS, en Barranquilla.
También fueron arrestados Guillermo Grosso Sandoval, según la Fiscalía, vinculado desde años atrás al sistema de salud. Fue interventor de Saludcoop, luego presidente de Cafésalud y actualmente se encuentra vinculado con negocios particulares al sistema de salud colombiano; y John Alexander Colmenares Russi, quien habría administrado varias IPS y además manejaba los negocios, presuntamente, de Grosso Sandoval.
El fiscal concluyó entonces que posteriormente se resolverían las compulsas de copias totales que se efectuarán a la Corte Suprema de Justicia, en relación con parlamentarios, 'recurrentemente mencionados en las escuchas telefónicas legalizadas por la Fiscalía General de la Nación'.
