Luego de que la Comisión Primera del Senado aprobara el pasado miércoles 14 magistrados adicionales para la JEP y la adopción de un mecanismo contra los falsos testigos, el partido de la Farc advirtió en un comunicado este jueves que de entrar en vigencia esta nueva reforma, pedirán la inmediata intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, 'que sin duda encontrará motivos para dar un paso más allá de la situación actual de observación a Colombia'.
Alegan, fundamentalmente, que con este proyecto 'se atenta contra la integridad del Acuerdo de Paz'.
Agrega la desmovilizada guerrilla que la iniciativa 'deja serias dudas frente al compromiso, reiterado en distintos escenarios nacionales e internacionales, por el presidente Iván Duque'.
Se lee en el comunicado además que hay una 'clara intención de desvirtuar los propósitos principales del sistema de justicia contenido en el Acuerdo de La Habana' a través de 'la introducción en el texto aprobado del término 'confesión', obviando que la JEP creada por el Acuerdo de Paz tiene como columna vertebral el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas y frente a todo el país'.
Y señalan que aunque la sala especial para militares no prosperó, el nuevo proyecto aprobado establece 'grupos de magistrados' en la JEP que 'trabajarán de manera separada en el estudio de los casos de las guerrillas y de agentes del Estado'.
Esto, dicen, 'supone la conformación de Salas y Secciones de la JEP separadas para miembros de la Fuerza Pública y agentes el Estado'.
Critican de igual forma que se incorporen 14 magistrados a cada sección y sala de la JEP –frente a los seis magistrados y magistradas que cada sección o sala tienen de media actualmente- y que vayan a ser 'elegidos por órganos del Estado que han sido parte de la institucionalidad del Estado durante el conflicto armado. Es decir, la institucionalidad del Estado elegirá a los nuevos magistrados que juzgaran a los miembros de dicha institucionalidad del Estado que tengan responsabilidades derivadas del conflicto'.
Y temen que en el futuro se sigan presentado nuevos proyectos legislativos 'que terminen por desnaturalizar el Acuerdo de Paz hasta conseguir garantizar la impunidad absoluta de los mismos que siempre han disfrutado de ella en Colombia'.
Hicieron en este sentido un llamado a los Países Garantes, a la segunda Misión de las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a los ex presidentes Pepe Mujica y Felipe González, a la Corte Penal Internacional, a las organizaciones de derechos humanos, y a la sociedad en general, 'a tomar nota de los riesgos que entraña la idea de seguir alterando un tratado de paz que puso fin a un conflicto de más de medio siglo; que tiene carácter de Acuerdo Especial a la luz del Derecho Internacional Humanitario, cuyo texto fue incorporado en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en virtud de una declaración unilateral del Estado colombiano, y que hace parte de la Constitución por vía del bloque de constitucionalidad'.
