Aunque el cabildeo de la ley de regiones empezó en los últimos años, y de manera más decidida el año pasado, en cabeza del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y un sector de la Bancada Caribe, lo cierto es que la iniciativa de descentralización viene desde la Asamblea Constituyente de hace casi 30 años.
Sin embargo, su tránsito por el Capitolio no ha sido fácil, pues al Gobierno nacional y concretamente al Ministerio de Hacienda pareciera no sonarle mucho la idea cuando se pasa de la teoría a hablar en la práctica de los recursos que van a ir a fortalecer las Regiones Administrativas de Planificación, RAP, al convertirse en Regiones Ente Territorial, RET.
Por ahora, la iniciativa está en su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, a un paso de convertirse en ley de la República, pero un concepto negativo de la cartera económica, por el tema precisamente presupuestal, la tiene detenida mientras una subcomisión trata de llegar a acuerdos entre sí y con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ver si se salva.
Arranca el trámite
El 13 de septiembre de 2017, Verano de la Rosa, en representación de todos los mandatarios departamentales de la región Caribe, radicó ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado la solicitud para conformar la Región Administrativa de Planificación del Caribe, RAP Caribe, como un primer paso para la constitución de la Región Entidad Territorial, RET.
En ese entonces el mandatario departamental explicó que el objetivo del proyecto era 'constituir la RAP Caribe, que nos da fortalezas para el crecimiento económico y social para la región, como lo contempla la Constitución de nuestro país en su artículo 306, y es un futuro desarrollo hacia la Región Entidad Territorial, RET, como lo señala el artículo 307. El beneficio de esta medida radica, fundamentalmente, en un desarrollo económico y social, orientado, autónomamente, por nosotros mismos en el Caribe'.
El primer ‘pero’
Dos semanas después, el 27 de septiembre, la célula legislativa avaló el proyecto, y el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Territoriales, el barranquillero Efraín Cepeda, conservador, celebraba el paso adelante y recordaba que 'en la región Caribe tenemos casi el 22% de la población del país, casi 11 millones de habitantes. Aportamos el 15% del PIB nacional, y el Caribe abarca las áreas portuarias del Magdalena y confluyen los ejes ferroviales'.
Pero ese mismo día se conoció una carta –revelada por este diario– del Ministerio de Hacienda, entonces bajo el mando del exministro Mauricio Cárdenas, con reparos al articulado. En el documento, la cartera económica asegura que financiar las RAP no es compatible con el balance fiscal de las regalías y que la creación de una Gobernación y una Asamblea regionales dentro de la RET generaría 'nuevos nichos burocráticos'.
El entonces viceministro de Hacienda Dimitri Zaninovich señalaba concretamente que el anteproyecto 'busca cambiar el monto y destinación de los recursos de regalías' y agregaba que, en caso de que fuera posible la transferencia anterior, 'el anteproyecto omite indicar el plazo en que se llevarían a cabo las enunciadas transferencias', y la cartera hacía un cálculo de 2017 a 2026, estableciendo que el costo total para la financiación de las RAP sería de $378 mil millones en un término de 10 años, y el costo anual sería de $37 mil millones.
La recta final
Luego de que el proyecto se fuera depurando ante estos cuestionamientos del Gobierno y se incluyeran y se eliminaran una serie de disposiciones al respecto en sus otros dos debates en Senado y Cámara, la iniciativa estaba lista para su cuarto y último debate a principios de octubre pasado en la plenaria de la cámara baja.
En la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara, ya bajo el nuevo Gobierno, no obstante, le habían surgido inquietudes a la Bancada Antioqueña frente al articulado, ya que esta región no se ha conformado como RAP y por ello iban a perder un tiempo en que las demás regiones iban a estar ya recibiendo recursos de la Nación.
Incluso, los antioqueños llegaron a sugerir que podían unirse a la RAP Caribe o a la RAP del Eje Cafetero para lograr recibir esos recursos que de otra manera se perderían, y los gobernadores del Caribe, el Eje y Antioquia quedaron en analizar las posibilidades al respecto.
La negativa
El pasado 9 de octubre, ya con la ley de regiones en discusión en la plenaria, el Ministerio de Hacienda hizo llegar un concepto negativo –revelado por este medio– a la iniciativa de descentralización.
Fundamentalmente, el documento recomienda 'revisar la conveniencia de tramitar este proyecto por los impactos fiscales que puede generar', y el viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, critica concretamente que el articulado 'genera la obligación de destinar recursos del Presupuesto General a la financiación del funcionamiento de las Regiones Administrativas de Planificación, RAP, y Regiones Entes Territoriales, RET', lo cual, agrega, 'es altamente inconveniente', ya que 'los esquemas asociativos no deben generar gastos de funcionamiento adicionales ni un crecimiento de la planta burocrática'.
Y la misiva concluye asegurando que el proyecto 'no parece seguir la experiencia de los países miembros de la Ocde', por cuanto se forman unas RET 'con competencias administrativas y de planificación más grandes que los actuales departamentos'.
La subcomisión
Por lo anterior, el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, designó una subcomisión de la que hacen parte cuatro costeños, para que lleguen a acuerdos en torno al proyecto.
En el grupo están los representantes Harry González, ponente; Juan Carlos Reinales, Juan Carlos Rivera, Óscar Pérez, Esteban Quintero, Norma Hurtado, Fabio Arroyave, la atlanticense Martha Villalba, el barranquillero César Lorduy, el cesarense Eloy Quintero, el cordobés Wadith Manzur, Carlos Cuenca, David Pulido, Édgar Gómez, Mauricio Toro y el propio Chacón.
Integrantes de la subcomisión dijeron a este periódico que por ahora lo que se ha previsto es incluir un parágrafo que abra la posibilidad de incluir recursos del presupuesto para las Regiones Entidad Territorial, ante las críticas de Hacienda en el sentido de que estos recursos salgan del Sistema General de Participaciones, SGP.
Y es que a pesar de que la Bancada Caribe ve con agrado la ley de regiones, el concepto en contra del Ejecutivo, el Centro Democrático y la Bancada Antioqueña pudieran jugar una dura oposición a la iniciativa, en caso de que no se llegue a consensos con la cartera económica.
El clamor de la Bancada Caribe
'Nuestro país se encuentra sometido a un agobiante centralismo que perjudica y retrasa a las regiones y a las entidades territoriales diariamente, ya que sus autoridades deben ocupar la mayoría de su tiempo solicitando recursos en la capital. De los recursos que manejan las regiones, solo el 15% se manejan a nivel local y el 85% restante quedan bajo la administración del Estado central', advirtió en EL HERALDO el representante cordobés de La U, Erasmo Zuleta.
Agregó el parlamentario: 'Considero importante este proyecto que estimula a la descentralización, facilitando que las regiones que se encuentran rezagadas por la dificultad para desarrollar proyectos de inversión puedan a través de la las RAP acceder a los recursos del nivel central. En nuestra región, que cuenta con índices tan altos de necesidades básicas insatisfechas y pobreza extrema, se podrían generar proyectos a escala regional para responder a las problemáticas regionales que sobrepasen los niveles municipales y departamentales, e impactar el desarrollo regional'.
A su vez, la representante atlanticense del Partido Liberal, Jezmi Barraza, opinó en este medio que 'debemos alinear esfuerzos para que sea una realidad para el país. El desarrollo integral sostenible de las regiones es el principal objetivo de esta ley que reconoce la importancia de la integración territorial para generar mayor competitividad'.
Acerca de los peros que pone el Ministerio, advirtió la legisladora que la cartera 'debe hacer un mayor esfuerzo por apoyar las iniciativas y proyectos que nacen desde las regiones destinándoles más recursos que al final son sinónimo de desarrollo. Y esto porque las decisiones de inversión de recursos públicos deben tomarse lo más cercano posible a los ciudadanos y por eso es necesario fortalecer los entes territoriales'.
Y el representante atlanticense Armando Zabaraín, del Partido Conservador, puso de presente en diálogo con este diario que 'este es un proyecto que todos los congresistas de la región estamos apoyando, pero hemos encontrado una oposición de algunos congresistas y del ministro de Hacienda, que ha dado un concepto por un tema económico, pero no tiene que preocuparse porque las juntas directivas que se crean son conformadas por cada gobernador y solamente escogerían a un gerente, y los costos serían mínimos'.
Añadió el congresista que: 'Nosotros le tenemos fe, lo que tenemos es que buscar que el Gobierno se sincere también, porque el presidente Duque cuando se reunió con los gobernadores les manifestó su respaldo y ahora vemos con sorpresa que el ministro de Hacienda se opone. Y es que no podemos seguir arrodillándonos en Bogotá para pedir macroproyectos regionales necesarios como la recuperación de la Ciénaga Grande o el sistema de riegos del sur del Atlántico, que era una despensa para la región y el país, o la comunicación a través del río Magdalena del Caribe con el interior'.
