Hoy hace dos años, el 24 de noviembre de 2016, luego de que ganara el no en el plebiscito y se tuvieran que concertar varios puntos con la entonces oposición de derecha, se firmó en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo de paz con las Farc que puso fin a más de 50 años de guerra.
Hoy hay varias circunstancias que concurren en el desarrollo de la etapa de posconflicto tras el pacto de la mesa de La Habana: las desmovilizadas Farc están en el Congreso, pero con una muy débil votación; el nuevo gobierno, en cabeza de Iván Duque, salió de la oposición que le hizo el uribismo fundamentalmente a la paz de Juan Manuel Santos; unos de los negociadores de la mesa, el sucreño Jesús Santrich, está preso y señalado de narcotráfico luego de la firma, y el jefe negociador, Iván Márquez, desistió de su curul y está desde la sombra denunciando falta de garantías en el proceso; los cultivos de coca han crecido pese a la desarticulación del aparato de tráfico de cocaína de las Farc; las llamadas disidencias de las Farc, aunque nunca tan poderosas como el extinto grupo subversivo, hacen de las suyas en 10 departamentos y especialmente en el suroriente del país, y los asesinatos de líderes sociales no paran y hacen temer un nuevo genocidio como el perpetrado contra 6 mil militantes de la UP, precisamente luego del proceso de paz con varias guerrillas de hace casi 30 años.
Tras la suscripción del acuerdo, el otro hito en estos dos años fue el de la entrega definitiva de las armas por la exguerrilla de las Farc, el 15 de agosto de 2017: más de 12 mil excombatientes, desarmados, dieron un primer paso en su regreso a la vida civil.
Ese proceso de reincorporación involucró cedulación, bancarización, registro en salud y pensión y depende actualmente en parte del desarrollo de proyectos productivos para la sostenibilidad económica y la garantía de su seguridad para la participación ciudadana y política.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, en regiones como el Bajo Cauca, Putumayo y Arauca, en comparación con el 2017, se han registrado este año aumentos superiores al 90% en el número de muertes violentas, lo que se explica en la disputa de varios grupos violentos, como el ELN, el EPL y las disidencias, por ocupar los territorios abandonados por la subversión fariana.
Así mismo, ha habido un incremento del 21% en el número de víctimas de desplazamiento y confinamiento (7.126 personas), algunas de ellas de San José de Uré, Córdoba. Y aunque las acciones ofensivas de la Fuerza Pública contra las disidencias de las Farc han aumentado un 64% y hay un descenso del 7% en el número de acciones perpetradas por el grupo narcotraficante, las disidencias han crecido un 172% en los últimos meses: las autoridades castrenses hablan de un crecimiento de 1.100 hombres en marzo de 2018 a cerca de 3.000 integrantes.
Entre tanto, entre agosto y octubre de este año los asesinatos contra líderes sociales se han duplicado frente al mismo periodo del año pasado y según el portal ‘Verdad Abierta’ ya son 58 los defensores de derechos humanos muertos este año. Y desde 24 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2018, de acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, se han presentado 191 homicidios, 56 atentados, nueve secuestros, cuatro desapariciones forzadas y dos agresiones sexuales contra líderes sociales
De otro lado, de la Farc llegaron al Senado, en virtud del acuerdo, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Antonio Lozada y Sandra Ramírez. Y en la Cámara están Sergio Marín, Jairo Quintero, Marco Carlarcá y Olmedo Ruiz. Faltan Márquez y Santrich. Y con ellos va el Gobierno de Duque y la coalición oficialista del Centro Democrático y el Partido Conservador poniéndole peros a algunos puntos de la implementación legislativa: esta semana que pasó, por falta de voluntad política y tiempos apretados, se hundieron en la plenaria del Senado los proyectos de las 16 circunscripciones en la Cámara para las víctimas del conflicto y la modificación de la JEP, que al final, luego de una histórica reunión entre el uribismo, la oposición y la Farc, no creaba la polémica sala especial para militares sino que aumentaba en 14 togados la planta de magistrados del tribunal de paz.
No obstante, el jefe de Estado ya se reunió con el jefe de la misión de la ONU para la implementación en Colombia, Jean Arnault, quien le puso de presente al mandatario, quien ganó en parte tras la promesa de 'ajustar' los acuerdos, que la comunidad internacional está expectante con lo que ocurra con el aplaudido, fronteras para afuera, proceso de paz colombiano.
Duque, a su vez, concluyó tras la entrevista: 'Este gobierno tiene un compromiso absoluto con que las personas que genuinamente le han apostado a la desmovilización, desarme, reinserción y reincorporación', aunque advirtió que los recursos para el posconflicto son escasos: 'Compartimos la preocupación de que muchos de estos proyectos productivos que debían incorporar a más de 10.000 personas en el proceso de reincorporación no superan las 100 personas'. Por su parte, Arnault indicó que llegaron al consenso de que la reincorporación de ahora en adelante estará más ligada al desarrollo de las comunidades y no solo a los exguerrilleros, y que habrá un apoyo más directo con las autoridades locales y departamentales.
Por su parte, la Corte Constitucional culminó a mediados de octubre el estudio de las normas que han sido implementadas y avaladas en el Congreso de la República bajo el denominado Fast Track, y fueron al menos 35 decretos ley, seis leyes y cinco actos legislativos los que pasaron por las salas plenas, entre ellos el estudio del blindaje jurídico de los acuerdos de paz, el aval de la Ley de Amnistía y la Comisión de la Verdad; así como el estudio de la Ley Estatutaria de la JEP y la disposición que le daría el Gobierno nacional a los bienes de las Farc.
Así mismo, la JEP va funcionando entre luces y sombras: una de las polémicas más duras tiene que ver con el hecho de las supuestas omisiones que se habrían presentado entre funcionarios de esa jurisdicción en relación con permisos de salida del país a exintegrantes de las Farc, hechos por los cuales la Fiscalía le imputó cargos a Martha Lucía Zamora, directora administrativa. Además, la propia JEP abrió un incidente de verificación de cumplimiento en contra de alias El Paisa, que fue el único de los 31 ex jefes de la extinta guerrilla que no presentó su informe de compromiso dentro del plazo estipulado por ese organismo. Pero también la JEP ha empezado a llamar a los 31 miembros de la dirección de las Farc y se han presentado en los últimos días varias víctimas de secuestro, narrando todo lo que padecieron y han comparecido militares por los mal llamados ‘falsos positivos’, poniendo la cuota de verdad de los agentes estatales victimarios dentro del conflicto armado.
De igual modo, la JEP ha chocado con la Fiscalía por diferencias de interpretación jurídica y una de las controversias más fuertes tiene que ver con qué sucede con los bienes no reportados por las Farc e incautados por la Fiscalía. Pues la JEP dice que deben ser para las víctimas y la Fiscalía que no. En bienes incautados no reportados, de acuerdo con el ente acusador, hasta el 2017 eran $1,3 billones y en lo que va corrido del año se han incautado activos por $691.000 millones: una suma total de $2,3 billones.
En suma, un balance de estos dos años de paz es por supuesto positivo en términos de disminución de los enfrentamientos, las muertes y la violencia en general, y pone sobre el tapete los desafíos de la implementación en términos económicos, sociales y en materia de seguridad. Falta ver qué hace el nuevo gobierno con lo que tiene y con lo que carece para esta etapa de posconflicto, y qué decide hacer con el acuerdo del Teatro Colón tanto en el Congreso y la Casa de Nariño como en el terreno y los territorios, donde están las víctimas, los nuevos victimarios, los desmovilizados y los ciudadanos.
