Ayer siguió el revuelo internacional por la solicitud del Gobierno de pedirle a Cuba que extradite a los negociadores del Eln –petición que fue reiterada ahora por el propio presidente Iván Duque, subrayando que los protocolos del antiguo gobierno, en su consideración, no son válidos–, mientras que los países garantes, Noruega y Chile, dividen sus opiniones frente al tema y la Comisión de Paz pide reunión con el jefe de Estado y exige de parte de la guerrilla la liberación de un grupo de secuestrados.
El primer mandatario, desde Catam y antes de partir al consejo de seguridad en Arauca, hizo un 'llamado respetuoso al Gobierno cubano' para que 'proceda con las órdenes de extradición y pueda entregar a las autoridades colombianas a los responsables de esa organización, para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho –el atentado del pasado jueves a la Escuela General Santander, que dejó 21 personas muertas y 68 heridas'.
Añadió Duque en su pronunciamiento: 'Esperamos que la comunidad internacional nos dé ese respaldo, y hacemos ese llamado al Gobierno cubano para que nos ayude a que se haga justicia en Colombia', y dijo que han 'invocado no solamente la gravedad de los hechos ocurridos, sino el llamado del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Cidh'.
Noruega pide respetar protocolos
La Cancillería de Noruega, país garante de la mesa de Cuba, lamentó en un comunicado el atentado, envió sus 'más profundas condolencias', al tiempo que 'condenó con firmeza' el hecho, pero manifestó su intención de mantener los compromisos pactados frente a una eventual interrupción o fin de las conversaciones.
'Como asociado consecuente y fiable de diferentes gobiernos colombianos en los esfuerzos del país por buscar soluciones negociadas a los conflictos armados con las Farc y el Eln' y con la 'única intención de apoyar a Colombia (…), debe cumplir con sus compromisos' como país garante, advirtió Oslo.
Desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el canciller Carlos Trujillo respondió que como ya lo ha ventilado el Gobierno nacional, que Bogotá no reconoce los protocolos.
'Noruega es un país amigo, es un país que nos merece el mayor respeto y consideración; pero tenemos una diferencia: el gobierno del presidente Duque no reconoce esos protocolos', afirmó.
Chile respalda decisión
El Gobierno chileno también expidió un comunicado, pero en este manifestó su apoyo a la decisión de Bogotá.
Condenó 'de manera categórica el cobarde y deleznable ataque terrorista' y puso de presente su 'profundo rechazo al Eln, (…) y otorgamos nuestro total apoyo al gobierno de Colombia en su firme determinación de llevar a la justicia a los responsables de este brutal acto terrorista'.
Comisión de Paz
Tras una sesión de más de tres horas, las comisiones de paz del Congreso pidieron ayer una reunión con el presidente para 'reconocer su visión sobre la construcción de paz en el país y hacer recomendaciones al respecto'.
Las comisiones legislativas, además, le exigieron al grupo guerrillero 'la liberación inmediata de los tres ciudadanos tripulantes del helicóptero que fueron secuestrados el pasado 11 de enero en el Catatumbo, de conformidad con las gestiones humanitarias que ya venían avanzando por parte de Defensoría del Pueblo'.
De igual forma, citaron al alto comisionado de paz, Miguel Ceballos y al alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, 'con el fin de rendir cuentas sobre la estrategia del Gobierno frente al Eln'.
Por otra parte, se conformará una mesa humanitaria entre las Comisiones de Paz, la Defensoría y la Procuraduría, 'que nos permita velar por la protección de los derechos humanos de la población civil que sufre las consecuencias de la confrontación armada entre el Eln y el Estado'.
Oficialistas e independientes apoyan
Luego de la reunión de ayer entre voceros de los partidos políticos de gobierno e independientes, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y el comisionado de paz, se anunció el respaldo de estas colectividades a la decisión del Gobierno.
'Los protocolos no pueden ser considerados una decisión de Estado pues nunca fueron sometidos a consulta ni aprobación por parte del Congreso de la República ni pasaron por el examen de la Rama Judicial', dijo Miguel Ceballos. el Alto Comisionado para la Paz,
En ese mismo sentido, Ceballos agregó que otro asunto para tener presente ante este conflicto diplomático es que el fiscal general , Néstor Humberto Martínez, 'reactivó, a través de la resolución 058, las órdenes de captura de estas personas y por tal razón ya no pueden ser beneficiadas con un protocolo. Reactivadas las órdenes de captura no hay marcha atrás. Una vez estas personas pisen territorio colombiano, la Fiscalía tiene la obligación legal y constitucional de ponerlas a órdenes de los jueces de la República de Colombia'.
