El debate sobre si el presidente Iván Duque -quien tiene plazo hasta el próximo 8 de marzo- debe sancionar u objetar la ley estatutaria de la JEP, empezó desde temprano ayer. Desde la propia Jurisdicción Especial para la Paz su presidenta aseguró que no habrá impunidad, mientras que desde el Gobierno explicaron las razones de las posibles objeciones y los sectores políticos dieron sus consideraciones al respecto en uno y otro sentido.
La presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, luego de los reparos del fiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que no habrá impunidad y que el ente investigador revivió debates que ya se habían dado tanto en la Corte Constitucional como en el Congreso.
'La competencia de la jurisdicción abarca los delitos cometidos antes del 1 de diciembre del 2016. En consecuencia los delitos que se cometan después de esa fecha son de competencia de la jurisdicción ordinaria. Fiscalía tiene sus competencias y debe investigar ese tipo de delitos cometidos con posterioridad a la fecha', afirmó.
Entre tanto, el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, explicó que, de haber objeciones a esta norma, no serán por inconstitucionalidades sino por inconveniencias.
'Puede haber objeciones parciales, es decir, a algunos apartes de los artículos, sin embargo, los que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional se respetarán y acatarán', dijo, y agregó que 'el Gobierno está estudiando si hay alguna inconveniencia en algunos temas'.
A su vez, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que el estudio al articulado se hará de manera concienzuda.
'El presidente de la República mantiene unas facultades que le permitirían objetar algunos artículos o la ley por inconveniente, sin embargo, eso no se hace de un día para otro. La ley da un término de 20 días hábiles, precisamente para que se pueda hacer un análisis detallado, revisando los dos textos, tanto la ley como el fallo expedido por la Corte Constitucional', indicó la jefa de la cartera política en la emisora capitalina Caracol Radio.
De igual forma, el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, recomendó a los detractores de la ley estatutaria que presenten nuevos proyectos al Congreso: 'Confío en que el presidente sancione la ley, que de hecho ya se retuvo indebidamente en el Congreso y si él o su partido, o el fiscal, creen que hay que repetir discusiones jurídicas y políticas que se dieron, con todo detalle, en los últimos dos años, que presenten proyectos al Congreso y allá discutiremos la juridicidad y conveniencia de las modificaciones, con la seguridad de nuestra parte que no avalaremos nada que ponga en riesgo algo de lo que hemos avanzado en materia de paz reconciliación, justicia y verdad y reparación'.
Por su parte, el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, le dijo a EL HERALDO que 'la Corte, extrañamente, se puso de acuerdo con la minoría del Congreso, que había rebatido o había intentado que no se aprobaran artículos como, respecto al narcotráfico, la fecha límite para el conocimiento por parte de la JEP, que era la firma del acuerdo, y con respecto a los beneficios de la JEP no compatibles con la reincidencia, entonces la Corte dice que solamente se refiere a no volverse a alzar en armas, es decir, que prácticamente se crea una jurisdicción especial permanente y durante años, como para generaciones de unos criminales especiales'.
De otro lado, el senador barranquillero de La U, Armando Benedetti, precisó que 'sin la ley estatutaria la JEP no podría funcionar, y la JEP se hizo con una justicia transicional, diferente a la ordinaria, porque ni se quiere vengar con esa justicia y lo que se busca realmente es que haya reconciliación entre los colombianos, que haya una justicia restaurativa. Por otro lado, de 2002 al 2008 hubo más o menos 400 mil personas de la fuerza pública que intentaron llevar al secretariado de las Farc y al estado mayor conjunto a la justicia: nunca lo pudieron hacer, y ahora quieren llevarlos a la justicia ordinaria mediante un proceso de paz'.
Y el representante por Atlántico de la Farc, Benedicto González, dijo que 'la JEP viene siendo sometida a una descomunal presión y descarado chantaje. La amenaza del gobierno Duque de objetarla por inconveniente es un despropósito jurídico; no puede ser inconveniente lo que ha sido fallado como constitucional por la propia Corte. Habría que preguntarle al presidente y al fiscal Martínez si lo inconveniente para ellos es la paz, la Constitución y el acuerdo. El país debe saber que al partido de gobierno le asusta la verdad'.
Corte estudia carta del fiscal
La Sala Plena de la Corte Constitucional conocerá hoy la carta de nueve páginas que envió el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al presidente Iván Duque, con cuatro reparos puntuales a la Ley Estatutaria de la JEP que está lista para ser sancionada.
La Sala, en cabeza de la magistrada Gloria Stella Ortiz, estudiará las preocupaciones del jefe del ente acusador, quien ha señalado que se pueden registrar tintes de impunidad con los excombatientes
de las Farc.
Defiende la Ley Estatutaria
A pesar de que el expresidente Juan Manuel Santos dijo que no se pronunciaría sobre ningún tema del país, en especial a lo político, ayer rompió su silencio y defendió la Ley Estatutaria de la JEP, la cual se acordó como parte importante del Acuerdo de Paz que su Gobierno firmó con las extintas Farc.
'#ObjetarLaJEP es dejarla todopoderosa y sin ninguna limitación (…) eso contradice el espíritu de los acuerdos y sería altamente inconveniente', aseguró Santos, tal como dio a conocer la emisora W Radio.
