Los casos que motivaron a la Corte Constitucional a convocar la audiencia que se realizará este jueves sobre el alcance de los derechos a la intimidad y el buen nombre en las redes sociales, tienen relación con personas anónimas, que por efecto de estos medios vieron cómo de manera pública se ponía en entredicho si honra y su buen nombre.
Son conflictos entre personas anónimas, que con el altavoz de las redes sociales se salieron de control. Una mujer a la que llamaron estafadora en Facebook y dos hombres a los que acusaron, al uno de ladrón y al otro de mafioso.
En los tres casos, las personas que se sintieron afectadas presentaron acciones de tutela que llegaron a la Corte, con el propósito de defender sus derechos a la intimidad y al buen nombre.
La audiencia citada por la Corte Constitucional para este jueves busca recaudar argumentos sobre cuáles son los límites a la libertad de expresión en este nuevo medio que son las redes sociales y cuáles son los mecanismos más apropiados y más efectivos para defenderlos.
En la audiencia participarán, entre otros, el procurador Fernando Carrillo, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, la defensora delegada de asuntos constitucionales, Paula Robledo Silva, y Nelson Remolina, superintendente delegado de la Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros.
El primer caso que llegó al alto tribunal data del 11 de septiembre de 2017. Es una tutela presentada por Sylvia Margarita Amaya en contra de Yolima Rengifo Villalba, quien, según argumenta la mujer, publicó un 'collage' de imágenes en las que la rotulaba como 'estafadora' y en donde escribió: 'Favor difundir es una estafadora profesional y se mete a los clubes a robar a la gente, si eres víctima denuncie en el proceso grupal de la Fiscalía'.
De acuerdo con la providencia, dicha publicación también fue hecha desde la página de facebook ‘Santander Volksguane’, de un club de autos del cual Rengifo Villalba es la presidenta.
Según la tutela, que hoy reposa en el despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, la publicación de 2017 se republicó durante dos ocasiones más en el mismo año por lo que Amaya Cuadros determinó presentar la acción legal.
La segunda tutela fue presentada por Obed de Jesús Cardona Alzate contra Dora Eugenia Mejía y Jorge Andrés Jiménez. Desde 2013, Cardona Alzate había sido administrador de la copropiedad San Giorgio II de la ciudad de Medellín, y en más de una ocasión solicitó los estados de cuenta, libros contables y soportes de la función de administrador.
Tras hacer caso omiso a esta solicitud, los dos demandados, según el relato de Cardona, publicaron en Facebook una foto suya con el siguiente mensaje: 'Mucho cuidado con este sujeto, su nombre es Obed de Jesús Cardona Alzate, es un ladrón de Unidades Residenciales en la ciudad de Medellín, pilas busca cómplices en los consejos de administración de las Unidades Residenciales para desfalcar a los propietarios!! No lo dejen entrar a administrar su edificio!!! Mentiroso, Marrullero y Ladrón!!'.
Luego de dicha publicación Cardona Alzate solicitó a la pareja que se retractara de lo que publicó en Facebook, pero hicieron caso omiso a tal solicitud por lo que interpuso una acción de tutela.
Y, la tercera tutela, fue presentada por Rafael Manjarrés contra Rafael Guillermo Ricardo Ríos.
A juicio del tutelante, Ricardo Ríos en más de una ocasión ha usado Facebook y Youtube para catalogar a Manjarrez como 'ratero, mafioso y corrupto'. En la tutela avocada por la Corte se cita el siguiente mensaje, como un ejemplo de los que motivaron a Ríos a presentar la tutela: 'Señor Manjarrés ¿a usted no le da pena que se sepa que es un ratero? (Denuncieme) ¿Cómo anda de Lomotil y Diazean?; Sayco es un antro de corrupción: ni recauda, ni distribuye como lo exige la ley y la decisión Andina'.
A juicio de la presidenta de la Corte, Gloria Stella Ortiz, la audiencia tiene como fin sentar nueva jurisprudencia y analizar cómo los derechos fundamentales pueden verse amenazados en las nuevas plataformas de comunicación y cómo pueden protegerse.
En la diligencia, que tiene un estimado de ocho horas de duración, se abordarán temas relacionados con la libertad de expresión, el control de responsabilidad en las publicaciones hechas por los usuarios y la autoregulación en el uso de las plataformas y la publicación de imágenes.
