La plenaria del Senado aprobó la conciliación del proyecto de ley que busca eliminar casi 11 mil leyes inútiles, con lo que el articulado queda a la espera de la sanción presidencial
Se trata del proyecto de ley de depuración normativa: es decir, una ley que elimina 10.667 leyes por inútiles y anacrónicas, y que elaboró el Ministerio de Justicia en colaboración con varios legisladores.
La idea, según la cartera del derecho, consiste en 'lograr una mayor concreción, claridad y efectividad de las normas que componen el ordenamiento jurídico, procurando fortalecer la seguridad jurídica, que permita a las autoridades y a los ciudadanos el cumplimiento cabal de sus funciones y el ejercicio de sus derechos'.
El Ministerio identificó que la mayoría de disposiciones a eliminar tienen que ver con temas presupuestales, créditos y gastos (2.165 normas); seguidas de 1.558 leyes sobre obras, contratos, adjudicaciones y transporte; 1.460 sobre técnica normativa; 1.237 referentes a subsidios, auxilios y reconocimientos; 1.084 que tienen que ver con lo laboral y la seguridad social; 603 sobre asuntos administrativos y organizacionales del Estado; 845 de comercio, agricultura, industria y ambiente; 764 sobre relaciones internacionales, orden público y defensa; 120 relacionadas con impuestos, tarifas y temas financieros; y 120 más sobre educación y justicia.
Juanita López Patrón, viceministra de Promoción de la Justicia, explicó que la aprobación de esta ley 'ayuda a dar mayor claridad a las reglas aplicables para que sean conocidas no solo por la población y las autoridades, sino para que sean apropiadas y generen una cultura que fomente el rechazo generalizado hacia la ilegalidad y ayuden a construir de manera permanente una convivencia pacífica y sólida'.
La iniciativa tuvo como coautores a los senadores Roosvelt Rodríguez, del Partido de la U; Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Carlos Baena, del Partido Mira y al cartagenero Andrés García Zuccardi, del Partido de la U.
Al respecto, el senador Andrés García Zuccardi le dijo a este diario que 'esta iniciativa dejó algunas dudas sobre la necesidad de modernización del Estado, sobre el rol de los congresistas y la verdadera eficacia de las leyes que se tramitan en el Congreso'.
Agrega en este sentido el parlamentario cartagenero del Partido de la U que 'el gran beneficio de la iniciativa es la modernización de la legislación con tres efectos importantes: simplifica el ordenamiento jurídico favoreciendo la agilidad del Estado y la participación ciudadana; mejora la seguridad jurídica y la relación entre Estado, lo que se traduce en mayor confianza a instituciones públicas y a su vez favorece la inversión de capitales nacionales e internacionales; y facilita el cumplimiento de la ley'.
