La plenaria del Senado aprobó y dejó para sanción presidencial en su último día de sesiones la que ha sido llamada como la Ley de la Empanada, que establece una política pública a favor de los vendedores informales.
Esta iniciativa cobró fuerza luego de que la Policía, hace un par de meses, comenzara a imponer varias multas hasta de $800 mil a ciudadanos que compraban empanadas o cualquier otro producto a la venta en los puestos de negocios informales y ambulantes de las ciudades.
Al respecto, la senadora Aydée Lizarazo, del Partido Mira, explicó que con el proyecto 'se busca proteger los derechos de los vendedores informales y sobre todo garantizar el uso planificado y ordenado del espacio público'.
El articulado establece que no se podrán imponer multas a la ciudadanía por adquirir productos en la vía pública ni tampoco se podrá restringir su comercialización.
En este sentido, el senador Carlos Guevara, también del Mira y autor del proyecto, explicó a periodistas que el objetivo es 'permitirles a los vendedores que puedan seguir usufructuando el espacio público y, a su vez, de manera organizada con las entidades territoriales y la Policía, poder seguir haciendo sus actividades sin detrimento de la actividad formal'.
Agregó el parlamentario que la iniciativa trae la posibilidad de que los vendedores ambulantes garanticen un ahorro para la vejez y, así, parte de lo que estos trabajadores informales paguen para el uso del espacio público irá a un fondo que puedan usar como una pensión.
El congresista del partido cristiano dijo, además, que se disponen en el proyecto programas de formación y capacitación, por ejemplo, en el Sena, para que estos vendedores puedan acceder a la formalidad laboral y también para que puedan formular proyectos productivos.
Así mismo, la norma determina que los alcaldes del país deben establecer un plan de intervención del espacio público en conjunto con las respectivas autoridades policiales de cada distrito, ciudad o municipio.
De igual forma, los burgomaestres deben preparar sitios para ubicar a estos trabajadores y dichos espacios no pueden quedar en la periferia de las localidades.
La iniciativa legislativa obliga de la misma manera al Gobierno Nacional a llevar a cabo un censo de vendedores informales para la serie de beneficios que traería.
La Ley de la Empanada quedó entonces a una firma de empezar a regir en el país.
