La Corte Suprema de Justicia determinó que hasta el próximo 6 de septiembre hay plazo para que los agentes del Estado y los terceros involucrados en el conflicto armado se sometan a la JEP.
Así lo dispuso el máximo tribunal de la justicia ordinaria al evaluar una solicitud del alcalde de Canalete, Córdoba, Armando Lambertínez -señalado en el 'Pacto de Marizco' de 1997-, para que su expediente sea enviado al sistema de justicia transicional.
La Corte indicó que según la Ley Estatutaria de la JEP, el plazo para someterse al tribunal de paz se vence tres meses después de su entrada en vigencia como norma, lo cual se dio el 6 de junio pasado, luego de que fueran negadas las objeciones presidenciales y de que el presidente Iván Duque sancionara el articulado.
Hasta 2018, 478 civiles -con 45 rechazos- se habían postulado para entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Lambertínez, quien ha sido alcalde de Canalete en tres oportunidades: de 1998 a 2001, de 2008 a 2011 y de 2016 a 2019, es señalado por el 'Pacto de Marizco', que significa 'Margen Izquierda de Córdoba'.
Este acuerdo hizo parte del denominado proyecto Urabá Grande Unida y en Paz. Según lo han declarado El Alemán y varios desmovilizados del Bloque 'Élmer Cárdenas' de las AUC, este acuerdo se realizó con políticos de los municipios de Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos y San Bernardo para controlar la zona política de la margen izquierda del departamento donde se ubican los municipios antes mencionados.
De acuerdo al comandante paramilitar Salvatore Mancuso, fue a través de este pacto que se apoyaron las candidaturas al Senado para el año 2002 de Reginaldo Montes y Mario Salomón Náder, quienes resultaron electos. Sobre este pacto, además, la Corte Suprema adelanta el juicio contra Náder.
