La decisión de la Corte Suprema de Justicia de fijar el próximo 8 de octubre como fecha para llevar a cabo la indagatoria al ex presidente y actual senador Álvaro Uribe produjo, como era de esperarse, una especie de Tsunami jurídico, pero sobre todo político en todo el país.
Y no es para menos. Para empezar es la primera vez que el alto tribunal llama a indagatoria a un ex presidente de la República, quien deberá rendir cuentas por sus actuaciones que lo señalan -según el alto tribunal- de 'soborno y fraude procesal', cuestionamientos que tratándose de todo un ex mandatario podrían considerarse gravísimos. El propósito de la Corte Suprema es establecer si con el conocimiento y el consentimiento de Uribe, personas cercanas a su entorno 'habrían emprendido actos de manipulación de testigos'.
A partir del momento de la celebración de la indagatoria, la Suprema dispone de 10 días para resolver la situación jurídica del ex presidente. Es decir, la suerte jurídica de Uribe quedaría definida el próximo 23 de octubre, fecha que tiene una enorme carga política y electoral, puesto que el fallo se conocería cuatro días antes de las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados del país. Tratándose del político más influyente en la historia nacional, es evidente que una cosa serían las elecciones del 27 de octubre con Uribe preso y otra muy distinta con Uribe en libertad.
La detención de Uribe por orden de la Corte Suprema es uno de los escenarios posibles, una vez el ex presidente comparezca ante el despacho del magistrado César Reyes, de la Sala Especial de Instrucción, quien está al frente del proceso. Si el juez considera que hay riesgo de que Uribe eluda la acción de la Justicia o afecte el curso de la investigación, podría dictar en su contra una medida de aseguramiento. Pero también podría tomar una decisión en un sentido más favorable al ex presidente, al permitirle que permanezca en libertad, mientras avanza el proceso. Es decir, seguiría vinculado pero libre.
De cualquier manera, luego de definir la situación jurídica de Uribe, se dará inicio a la práctica de pruebas, que se realiza en dos direcciones: las que ordena la Corte Suprema y las que solicita la defensa del senador y jefe natural del Centro Democrático.
Solo después de esta fase se sabrá si Uribe es llamado a juicio o si se cierra el proceso penal en su contra.
Es decir, si bien es cierto que el llamado a indagatoria le permitirá a Uribe probar su inocencia en todos y cada uno de los señalamientos que hay en su contra -como lo ha expresado en múltiples oportunidades- también hay que decir que se trata del comienzo de un camino proceloso, tortuoso y desgastante para una persona que ha dedicado los últimos 10 años de su vida a defenderse.
Sin duda alguna Álvaro Uribe Vélez es el político con mayor influencia nacional en las últimas décadas. Gracias a sus decisiones y luego de sus ocho años de gobierno, Colombia ha tenido dos presidentes: Juan Manuel Santos e Iván Duque. Mientras el primero fue elegido con su guiño y reelegido contra su voluntad, el segundo llegó a la Casa de Nariño por ser 'el que diga Uribe'.
Una vez conocida la decisión de la Corte Suprema, el senador del Centro Democrático declaró que 'estamos listos para acudir ante la Corte y ante la opinión pública colombiana, porque yo he trabajado por este país con amor y con honradez. Seguramente he cometido errores, pero jamás delitos'.
¿Qué hay en contra del ex presidente Uribe y cuáles son los escenarios que podrían presentarse una vez comparezca ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema?
