La decisión de pérdida de investidura contra la fugitiva excongresista barranquillera Aida Merlano, por violar los topes de gastos de campaña, quedó en firme por resolución del Consejo de Estado.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo ratificó el fallo que decretó la pérdida de investidura de la exlegisladora como senadora de la República, elegida para el cuatrienio 2018 – 2022.
Señala la Sala Plena al respecto que 'la demandada violó el tope máximo de gastos de campaña establecidos por la ley como reglas para la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales'.
Explicó la alta corte que dado que la Constitución autoriza al legislador para fijar unos topes en torno a la financiación de las campañas y establece que la violación a estos parámetros da lugar a decretar la pérdida de investidura, se determinó ratificar la sanción para Merlano.
El Consejo de Estado había declarado la pérdida de investidura de la exparlamentaria, al determinar que en su campaña política al Senado superó los topes exigidos por la ley, empleando más de $6 mil millones pese a que el monto máximo permitido por las autoridades electorales es de $884 millones.
Contra la exdirigente política, condenada por compra de votos durante las legislativas de 2018 y quien hace un par de semanas protagonizó una escandalosa fuga de un centro médico al norte de la capital, hay otras dos demandas de pérdida e investidura que aún se encuentran en trámite, recordó el alto tribunal en el comunicado.
La corporación, en su decisión, solo se refirió al tema de la pérdida de investidura y no se pronunció sobre la denominada 'silla vacía' para el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece la barranquillera.
El pasado 3 de octubre, dos días después de la fuga, el procurador Fernando Carrillo reiteró ante la Corte Suprema de Justicia la solicitud de 'silla vacía' para las huestes azules por la fuga de Merlano.
A mediados de julio pasado, el ente de control había pedido al Consejo de Estado y a la Corte Suprema dejar sin efecto la posesión como senadora de Soledad Tamayo Tamayo, quien ocupó la curul de Merlano por el conservatismo.
'Teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos por los que se le dictó medida de aseguramiento a Merlano y por los cuales se generó la orden de captura en su contra, el Partido Conservador no podía ocupar la vacante dejada por esta', se lee en el oficio.
Así las cosas, la excongresista queda inhabilitada para ocupar cargos de elección popular.
Al respecto, Ana Osorio Calderín, abogada barranquillera experta en temas electorales, le dijo a este diario que 'la pérdida de investidura de congresista es una causal de inhabilidad perpetua para ocupar cualquier cargo de elección popular, menos edil'.
En todo caso, Merlano también está inhabilitada durante 15 años para ejercer funciones públicas, por la condena que pesa en su contra emitida hace un par de meses por la Corte Suprema de Justicia por corrupción electoral.
