Un nuevo choque jurídico enfrenta a la Jurisdicción Especial para la Paz con la Fiscalía y la Procuraduría, tras la decisión del tribunal de justicia transicional de aceptar el sometimiento de los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile.
El caso llegó a la Corte Constitucional el pasado 20 de enero, luego de que una fiscal dijera que tales procesos judiciales no son competencias de la JEP por tratarse de actos de corrupción y no de relación con el conflicto armado.
Sin embargo, la JEP contestó a través de un documento dirigido a la Corte que conoció El Espectador, que sí tienen competencia y que no habría lugar a una nueva discusión sobre este tema; ya que hay dos decisiones que ratificaron la entrada de Ashton a la JEP.
Sin embargo, el tribunal de paz puso de presente que más adelante, con más pruebas, la Jurisdicción Especial para la Paz podría llegar a la conclusión de que tales casos serían devueltos a la justicia ordinaria.
