Más que el contenido del informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, presentado en Ginebra, Suiza, lo que molestó al gobierno de Iván Duque fue el tono del mismo. Más que la letra menuda –que resultó más contundente de lo esperado– lo que sacó de casillas al presidente fue el énfasis del informe en asuntos que no solo están siendo enfrentados por el Gobierno, como la erradicación de las plantaciones de hojas de coca, sino la recomendación del organismo internacional en asuntos que no son de su competencia, según Duque y su gabinete. 'Es una intromisión en la soberanía de un país', afirmó de manera categórica.
Que la ONU diga que en materia de Derechos Humanos las cosas en Colombia no van bien no debería sorprender al Gobierno nacional por una sencilla razón: las cosas no van bien. O mejor dicho: van mal. Ahí están las cifras demoledoras y contundentes: el año pasado hubo 36 masacres, en las que perdieron la vida 133 personas y fueron asesinados 108 defensores de Derechos Humanos, según las Naciones Unidas. Pelear con la ONU por las cifras que suministra –que se basan en reportes de más de mil misiones que trabajan sobre el terreno en todo el país– es un error por parte del Gobierno nacional. Lo que tiene que hacer Duque es evitar que esas cifras sigan creciendo. En otras palabras: el problema no es el mensajero, sino el mensaje.
En lo que tiene que ver con las recomendaciones de la ONU a Colombia, la que peor cayó fue la de proponer que la Policía Nacional pase a depender del Ministerio del Interior y no del de Defensa, como ocurre en la actualidad. Aunque el Gobierno descartó de plano esta recomendación, lo cierto es que no es novedosa. De hecho desde la misma redacción de la Constitución de 1991 el asunto fue objeto de amplios y profundos debates. Desde el gobierno de César Gaviria hasta la fecha, cada cierto tiempo se plantea la discusión. La razón de la polémica radica en que hay quienes consideran –entre ellos la ONU– que la Policía debe ser más un cuerpo civil, que un cuerpo armado. En esta oportunidad la coyuntura para insistir en esa propuesta se presentó por el comportamiento de la Policía durante las manifestaciones y las marchas del pasado 21 de noviembre en Bogotá, donde perdió la vida el joven Dylan Cruz.
Ante la contundencia del informe y el tono en que fue presentado en Ginebra, por la alta comisionada Michelle Bachelet, el Gobierno nacional –con el presidente Duque a la cabeza– respondió de forma exacerbada. Duque – incluso – habló de 'sesgos' por parte de la ONU y con ello evidenció el profundo malestar que el informe le causó.
Considerar que la ONU se comporta con 'sesgos ideológicos' es también injusto con un organismo multilateral cuya misión es propender por la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo. Ello no significa – obviamente – que la ONU sea infalible en su apreciación, sobre todo cuando ignora algunos avances del Gobierno, como ocurre con las cientos de miles de hectáreas sembradas de coca a lo largo y ancho del país, que están siendo erradicadas y que se convierten – sin duda – en el mayor insumo del conflicto interno.
No le falta razón al Gobierno nacional cuando afirma que este mal es una herencia del gobierno anterior y que Duque solo está tratando de apagar un incendio que Santos y las Farc crearon.
Pero que la ONU no reconozca los avances del Gobierno en algunos asuntos puntuales, no significa que dicho organismo 'no esté diciendo la verdad', como sostienen Duque y sus ministros.
Pero, además, descalificar el informe de la ONU es una equivocación porque pone a Colombia en el mismo plano de gobiernos que sí violan con absoluta impunidad y de manera constante los Derechos Humanos, como ocurre con Venezuela, donde el régimen chavista también descalifica todos los reportes de la ONU en materia de Derechos Humanos. La propia Bachelet ha sido objeto de todo tipo de agresiones verbales por parte de Nicolás Maduro.
De manera que la pelea del Gobierno nacional no debe ser contra la ONU, sino contra aquellas organizaciones criminales que siembran terror a lo largo y ancho del país, tal es el caso de los llamados 'grupos residuales', el ‘Clan del Golfo’, el ELN y otras organizaciones narcotraficantes. Es en esa dirección en la que debe apuntar el Gobierno nacional.
¿Qué hacer ante el contundente informe de la ONU?
