La Corte Constitucional realizó, durante este jueves, el reparto de 20 nuevos decretos expedidos por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19.
Los nuevos decretos, que tiene control automático de constitucionalidad, se suman a los 26 que ya tienen asignado el magistrado ponente y que se encuentran en la etapa de solicitud de información.
Al magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo le correspondieron dos decretos: el 512 y el 541, correspondientes al 2 y al 13 de abril, respectivamente.
El primero permite, temporalmente, a gobernadores y alcaldes realizar movimientos presupuestales mientras esté vigente el estado de emergencia económica, social y ecológica. Mientras que el segundo aplica una prórroga del servicio militar obligatorio por tres meses más.
Por otro lado, el decreto 513 del 2 de abril y el decreto 537 del 12 de abril le corresponderá analizarlo al magistrado Alejandro Linares Cantillo. El decreto 513 establece un ciclo de proyectos de inversiones públicas susceptibles para ser financiaros con recursos del sistema nacional de garantías. Mientras el segundo emplea medidas en materia de contratación estatal.
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Otros dos decretos, concretamente el número 516 y 539 del presente año, serán evaluados por el magistrado José Fernando Reyes. El primer edicto establece un porcentaje mínimo de programación de producción nacional en televisión y utilización por los operadores regionales para funcionamiento los recursos de fortalecimiento, durante el estado de emergencia.
El decreto 539 habilita medidas de bioseguridad para mitigar la propagación del COVID-19 y realizar el óptimo manejo de la pandemia.
A su vez, el decreto 517 de 2020, que difiere el pago de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible para usuarios de los estratos 1 y 2, será analizado por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger.
La funcionaria también estará a cargo del decreto 538, que involucra las medidas para el sector salud dirigidas a contener y a mitigar a la pandemia del COVID-19, así como garantizar la prestación de los servicios de salud.
De igual forma, el decreto 545, que adopta medidas para suspender temporalmente el requisito de insinuación para algunas donaciones durante el marco de la emergencia sanitaria, también le corresponde a Pardo Schlesinger.
Por su parte, al magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez le correspondieron el decreto 518, que corresponde al programa ingreso solidario a favor de personas y familias en situación de vulnerabilidad que no son beneficiarias de otros programas de ayuda y el decreto 532, que suprime la presentación del examen de Estado para el ingreso a pregrados en educación superior programado para el 15 de marzo de 2020 y eventualmente, el previsto para el 9 de agosto de 2020.
A la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado le correspondió el estudio del decreto 519 en el cual se amplía el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2020.
Por sus manos también pasará el decreto 535, que establece un procedimiento abreviado para devolución y compensación de saldos a favor de contribuyentes del Impuesto de Renta y del IVA.
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El decreto 544 sobre la adopción de medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal con el fin de mitigar el impacto del COVID-19 será igualmente analizado por Ortiz.
El decreto 522 de adición al presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2020 y el decreto 533, que adopta medidas para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la prestación der servicio de educación, le correspondieron al magistrado Carlos Bernal Pulido.
La magistrada Diana Fajardo Rivera tiene tres decretos en su despacho. El decreto 528 es uno de ellos. Este edicto difiere el pago de los servicios de acueducto, alcantarillado a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. A su vez también posee el decreto 540 que busca ampliar el acceso a las telecomunicaciones en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. Por último, el decreto 546 también será analizado por Fajardo.
Finalmente, al magistrado Alberto Rojas Ríos le correspondió el decreto 530 que establece exenciones tributarias transitorias del gravamen de movimientos financieros (GMF).
