Alejandro Ramírez, quien hasta el jueves pasado se desempeñó como director ejecutivo de la Justicia Penal Militar, denunció este miércoles que, a pesar de que proyectaron las Unidades de Instrucción Especial por los delitos de peculado como el caso de los salvoconductos entregados a cambio de dinero, ante el comandante general de las Fuerzas Militares, hasta la fecha no se ha podido lograr la autorización requerida para iniciar dichas investigaciones.
Ramírez fue retirado del cargo recientemente por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tras las denuncias hechas por presunto espionaje por parte del Ejército. Este miércoles, a través de un comunicado, salió en su defensa y recordó que había certificado, ante la Comisión Segunda de Cámara, la existencia de un proceso por peculado contra el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro. Tal investigación se encuentra en curso.
Así mismo, rechazó que se le atribuyera la decisión de su retiro a irregularidades.
'Acato la decisión del ministro de separarme del cargo. Lo que no acepto, bajo ninguna circunstancia, es que se atribuya dicha decisión a irregularidades de ningún orden', expresó.
De hecho, el exdirector de la Justicia Penal Militar expresó que había aceptado el cargo con 'la esperanza de recuperar la credibilidad de la institución y aportarle seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública'.
Además, Ramírez hizo un balance de lo que encontró al llegar a dicho puesto: 'Encontré una jurisdicción con 59 vacantes entre 273 despachos, 9 de ellas de magistrados ante el Tribunal Superior Militar, que inexplicablemente se mantienen hoy en día. Igualmente, un cúmulo de solicitudes de traslado represadas por más de 5 años sin ninguna respuesta por parte del despacho. Nos faltan jueces penales militares para las zonas de mayor conflicto de orden público del país. El 70% de los funcionarios trasladados estuvieron conformes con esta decisión, el restante 30% deben salir de su zona de confort'.
Y aseguró que estando en el cargo, hizo un llamado a los entes de control para que investigaran la responsabilidad de los titulares de despachos judiciales que tenían graves procesos por peculado contra altos miembros de la Fuerza Pública.
