En la negociación de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana desde un comienzo quedó claro que los acuerdos que se firmarían estarían acompañados de una serie de compromisos ineludibles.
El cumplimiento de ellos permitiría no solo garantizar una paz duradera y perdurable, sino que le daría una mayor transparencia a lo pactado entre las partes, para ganarse de esta forma la confianza de la mayoría de los colombianos. La negociación se construyó sobre tres pilares fundamentales: verdad, justicia y reparación a las víctimas. A ellos se sumó la garantía de no repetición de las atrocidades cometidas durante el conflicto.
De manera que contar la verdad de la guerra, con toda su crudeza y su crueldad por parte de las Farc, no es un embeleco, ni mucho menos un capricho de los colombianos. Es uno de los soportes principales de los acuerdos de La Habana. Las Farc –y el Estado colombiano, por supuesto– deben contar toda la verdad sobre su actuación durante el conflicto armado, que se prolongó por más de cinco décadas.
Contar los hechos tal y como sucedieron no es un gesto magnánimo, ni un acto de desprendimiento y generosidad por parte de los antiguos jefes de las Farc. A cambio de decir la verdad ellos recibirían una serie de gabelas, muchas de las cuales fueron rechazadas de forma masiva por los colombianos.
Uno de dichos beneficios fue el no ser juzgados por la justicia ordinaria, sino por un tribunal extraordinario que se creó para tal fin, que es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Ese enorme 'sapo' nos lo tuvimos que tragar los colombianos a cambio de que las Farc contaran –sí o sí– la verdad de sus atrocidades.
Pero las Farc no han cumplido con ese compromiso y ya es hora de que la JEP haga que lo cumpla. De forma sistemática los antiguos jefes de las Farc han negado todas sus prácticas criminales, sin que la JEP se pronuncie de forma contundente y les exija cumplir con lo pactado en La Habana.
El episodio más reciente de la burla de los exjefes de las Farc a la verdad corrió por cuenta de Griselda Lobo, mejor conocida como ‘Sandra Ramírez’, el alias que utilizó mientras estuvo en la guerrilla, quien llegó al Congreso de la República gracias a los acuerdos de La Habana y acaba de ser designada segunda vicepresidenta del Senado a nombre del partido Farc, que nació de los acuerdos con el gobierno de Santos.
Con absoluto cinismo y contra todas las evidencias, tanto documentales como testimoniales, Ramírez sostuvo en entrevista concedida a Blu Radio que el reclutamiento forzoso por parte de las Farc 'es una mentira'.
'Las Farc no tenían como política el reclutamiento de menores', declaró Ramírez, quien también narró que ingresó de forma voluntaria a las Farc a comienzos de la década de los 80. Ramírez se convirtió en la compañera sentimental del jefe máximo de las Farc, Manuel Marulanda, ‘Tirofijo’, hasta el día de su muerte. Como mano derecha de ‘Tirofijo’, Ramírez era la encargada de manejar las comunicaciones del Secretariado de las Farc con todos los frentes de la organización guerrillera.
Es decir, si alguien puede contar la verdad del reclutamiento forzado de menores por parte de las Farc –porque conoció de primera mano esa práctica criminal– es Sandra Ramírez. Pero ella, como todos sus excompañeros de armas, entre ellos Rodrigo Londoño, alias Timochenko, presidente del partido Farc, han preferido seguir mintiendo.
En la propia JEP reposan documentos y testimonios que hablan de más de 8.000 menores reclutados a la fuerza por las Farc, mientras que la cifra que maneja el Centro Nacional de Memoria Histórica es de 2.650 casos. Aunque con distintos registros, ambas entidades reconocen la práctica del reclutamiento forzado por parte de las Farc. Ninguna lo desconoce, como hacen de forma cínica y grosera los antiguos jefes de las Farc.
Pretender ignorar un hecho evidente, como el reclutamiento forzoso de menores, es un grave error que debería tener consecuencias, tal y como quedó pactado en La Habana. Un efecto de ese desconocimiento es la pérdida de los beneficios recibidos, como podría ocurrir con las curules otorgadas al partido Farc.
¿Cuáles serían las consecuencias que tendría el que los ex jefes de las Farc insistan en no reconocer sus actuaciones criminales?
