Ocho parlamentarios de distintos partidos presentarán 15 proyectos de ley para reformar o derogar 12 decretos legislativos emitidos por el presidente Iván Duque al amparo de la emergencia derivada de la pandemia del coronavirus
Los senadores Roy Barreras y Roosvelt Rodríguez, de La U; Rodrigo Lara, de Cambio Radical; Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; Jorge Londoño y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde e Iván Cepeda, del Polo Democrático, señalaron en un comunicado que estas medidas violan derechos y envían recursos a entidades financieras.
'Algunos decretos violan derechos de los trabajadores, privatizan entidades del Estado, usan recursos de emergencia para enviarlos a intermediarios financieros y no a las regiones. Otros no serán derogados pero sí modificados como instrumentos para responder ante la crisis socioeconómica derivada de la pandemia', señaló Barreras.
El primer decreto derogado sería el 492, 'porque facilita la privatización de activos de la Nación o de entidades del Estado tales como Banco Agrario, Fondo Nacional del Ahorro, Bancoldex, Finagro y Findeter', se lee.
El Decreto 682 también sería derogado 'para 'sacar la pata' que metió el gobierno con el Día sin IVA restante en 2020 por la pandemia. Y para eliminar del 2021 en adelante los tres días sin IVA por antitécnicos: los $3 billones que se iban a perder en recaudo se los retornaremos más bien a los más vulnerables'.
Y el último a derogar sería el Decreto 811 'porque autohabilita al Gobierno para privatizar Cenit, Ecopetrol, ISA y otros activos de la Nación'.
Entre tanto, los modificados serían el Decreto 444, 'para que la plata de la emergencia no vaya a los bancos y se la devuelvan a las regiones'; el 482, 'para extender alivios financieros por doce meses para transportadores de servicio público intermunicipal'.
El Decreto 486: 'Garantizaremos alivios de cartera y líneas de crédito para el sector agrícola y ampliación del incentivo económico para los trabajadores del campo mayores de 70 años y no de 60'.
Los decretos 488 y 500, con el fin de 'ordenar la formalización laboral para los trabajadores de la salud y bioseguridad garantizada'; el 537, que 'incorpora pliegos tipo para evitar corrupción en la contratación en la pandemia' y el 538, que 'evitará que recursos de emergencia vayan a EPS en lugar de ir a hospitales. Eliminaremos recobros de incapacidades a ADRES. Y garantizaremos giro directo a hospitales por subsidios a la oferta'.
Así mismo, los decretos 579 y 797: 'Estableceremos un seguro para cuatro millones de arrendadores hoy desprotegidos. Y estableceremos descuentos temporales por seis meses en lugar del fracasado 'acuerdo entre las partes''; de igual forma el decreto 770, para 'garantizar que en teletrabajo y trabajo remoto no se abuse de jornadas laborales y tiempos de descanso'; y el 800 para establecer un 'término perentorio para cumplimento de obligaciones laborales con trabajadores de la salud'.
