La Rama Judicial ha sido la ‘rama seca’ del poder público en Colombia. En buena parte ello se debe al hecho de que es el único poder que la clase política no ha logrado controlar. Tampoco lo han hecho las élites empresariales y económicas del país. Esa es una de las razones por las cuales desde sus inicios la Administración de Justicia ha sido maltratada en lo que tiene que ver con la asignación de recursos y manejo presupuestal. Así lo evidencian las instalaciones donde funcionan los juzgados y tribunales a lo largo y ancho del país.
Con la Constitución de 1991 se logró un acuerdo nacional que permitió a la Rama Judicial recuperar el tiempo perdido, pero aún así no alcanzó para corregir el atraso histórico que arrastraba respecto a las otras ramas del Poder Público en el país.
En materia de sueldos, por ejemplo, se dio un cambio aparente que en realidad fue un buen negocio para el Estado, puesto que se quitó de encima el costo de las cesantías retroactivas en las que cada punto de incremento anual se trasladaba a todo el lapso que llevaran en servicio los funcionarios para actualizarlas y –supuestamente– agregar en puntos de sueldo lo que los jueces y magistrados perdían por renunciar a las cesantías retroactivas.
En materia de locaciones el asunto siguió igual, aunque se logró una relativa independencia presupuestal y administrativa con la creación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Pero en donde no se ha logrado un gran consenso nacional es en lo que tiene que ver con la legitimidad de las funciones que cumple la Justicia en Colombia, hasta el punto de que hay quienes consideran que buena parte de los males nacionales tiene que ver con eso que llaman la 'politización de la Justicia', que no es otra cosa que trasladar a los estrados judiciales las disputas o –inclusive– los odios de la clase política.
Desde el primer mandato de Álvaro Uribe las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial han vivido en estado constante de turbulencia, en especial en lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Magistrados y exmagistrados de las altas cortes atribuyen esa relación tormentosa al llamado 'manifiesto de los 100 puntos', en el que ubicaron a la Justicia como parte del componente de Seguridad. Esa decisión fue interpretada por magistrados y jueces como el deseo del Ejecutivo de establecer con la Rama Judicial una relación de subalternidad o dependencia, que todos ellos consideraron intolerable e inadmisible.
Desde esos tiempos se remontan los 'choques de trenes' entre el uribismo y los integrantes de la Rama Judicial, que todos los días presencian los colombianos. Los jueces y magistrados han defendido siempre la independencia y autonomía de la Rama Judicial, tal y como quedo refrendada en el artículo 230 de nuestra Constitución Política.
Pese a episodios lamentables y vergonzosos recientes, como el tristemente célebre 'cartel de la toga', que involucra a magistrados de altas cortes, lo cierto es que la Rama Judicial colombiana ha sido capaz de enfrentarse a dictaduras, al poder asesino del narcotráfico, al mismísimo Pablo Escobar, a la infiltración del narcotráfico a la clase política y a una campaña presidencial, como ocurrió con el proceso 8.000 de Ernesto Samper, y también al poder paramilitar con las investigaciones de la llamada 'parapolítica'. En fin, son innumerables las batallas de la Rama Judicial contra todas las organizaciones criminales del país. Y aquellos que sostienen que los jueces y magistrados jamás han desafiado el poder de las guerrillas solo hay que recordarles que el propio Manuel Marulanda, ‘Tirofijo’, murió con 150 órdenes de captura vigentes en su contra.
Nadie puede desconocer que en Colombia los jueces han pagado un alto precio –incluyendo sus vidas– por mantener su independencia. Los ejemplos son miles: la masacre de La Rochela, ejecutada por alias Vladimir, los asesinatos realizados por orden de Pablo Escobar, el holocausto del Palacio de Justicia, iniciado con la toma de un comando del M-19. En fin, son innumerables los casos que dan fe de los actos heroicos de nuestros jueces.
Un sistema democrático se sostiene en la independencia y la autonomía del Poder Judicial. El mejor ejemplo de ello es la tragedia venezolana con una Justicia tomada por el chavismo, que la utiliza como arma mortal para perseguir a sus opositores y premiar a sus aliados. ¿Qué debe hacer la Justicia para mantener su independencia?
