Consejo Nacional Electoral aprobó este martes el protocolo para que las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) puedan votar en igualdad de condiciones y libre de discriminación. Con el aval, Colombia se convierte en el segundo país de América Latina, después de México, en obtener este tipo de lineamientos para comicios electorales.
Desde junio de este año, la Misión de Observación Electoral (MOE), la Corporación Caribe Afirmativo y la fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) iniciaron la elaboración de una propuesta de protocolo que incorpora medidas para que las personas miembros de esta minoría 'no sean violentadas' en los puestos de votación durante cada proceso electoral y de mecanismo de participación ciudadana.
El protocolo plantea cuatro acciones que buscan garantizar el derecho de estas personas en los procesos electorales. La primera acción se refiere a las acciones que se deben emplear durante la jornada electoral para que los actores que hacen presencia en los lugares de votación 'se abstengan' de aplicar procedimientos discriminatorios y se incorporen estrategias de recepción de quejas, trámite, seguimiento y respuesta cuando se presenten este tipo de situaciones.
'La segunda acción contempla la coordinación interinstitucional para que se realicen procesos de capacitación y sensibilización, al interior de las entidades, sobre las garantías para el ejercicio del derecho al voto de las personas trans. La tercera acción busca promover los procesos de identificación y conformación del censo electoral de las personas trans. La cuarta acción macro pretende la aplicación efectiva del protocolo a través del desarrollo de alianzas estratégicas para su divulgación e incorporación', sostiene un comunicado divulgado por las organizaciones intervinientes.
En Colombia al igual que en otros países de Latinoamérica, sostienen las organizaciones, las personas trans son sometidas a todo tipo de actos discriminatorios y violentos desde temprana edad, lo cual, sumado a las barreras económicas, sociales, culturales e institucionales, hacen que sea más difícil su participación escenarios públicos y de participación.
'La violencia basada en la discriminación por una identidad y expresión de género diversa, en muchos casos institucionalizada, invisibilizada y naturalizada tiene implicaciones en los derechos políticos y electorales de las personas trans, entre esos su derecho al voto', sostiene las organizaciones en el comunicado.
Para las tres organizaciones esta es una medida que invita a que las instituciones y sociedad en general discutan a reconocer la problemática.
'Por años se ha dado la violado la intimidad de estas personas al no existir correspondencia entre el documento de identidad y la expresión de género de las y los votantes, las requisas y corroboración de identidad basadas en estereotipos y prejuicios, al igual que los comentarios denigrantes, la solicitud de cambios o retiro de elementos que hacen parte de la apariencia corporal y el comportamiento realizados por algunos actores del proceso electoral', sostienen las organizaciones.
