Ahora que por fin se acabó la pesadilla que por 13 años debió padecer el almirante Gabriel Arango Bacci, luego de conocerse el fallo del Consejo de Estado que obliga a la Fiscalía General a indemnizarlo y ofrecerle disculpas, sería muy bueno que el Gobierno Nacional proceda a reincorporarlo a la Armada Nacional con todos los honores que se merece. Es lo mínimo que puede hacer el Estado colombiano por quien por más de 35 años prestó sus servicios a la Patria de forma abnegada y transparente. En toda su trayectoria como oficial no hay siquiera un solo llamado de atención que haga dudar de las calidades éticas y morales del almirante Arango Bacci.
El fallo del Consejo de Estado a su favor cierra uno de los capítulos más oprobiosos en la historia de la Justicia colombiana. Nunca antes el Estado colombiano con todo su poder se había ensañado con tal ferocidad contra una persona que no había hecho nada distinto a servirle al país desde una de sus instituciones más queridas.
Al almirante Arango Bacci le acabaron su brillante y ascendente carrera, pisotearon su dignidad y su honor, destruyeron su reputación y su buen nombre y frustraron su sueño de ser algún día comandante de la Armada Nacional. Debió pagar cárcel por 18 meses y su familia tuvo que sufrir el señalamiento social de quienes -sin conocerlo- se referían a él como jefe de un cartel narcotraficante, porque así lo señaló en su momento la Fiscalía General de la Nación. Algunos medios de comunicación -instigados y azuzados por manos muy poderosas- no le permitieron siquiera poder defenderse del arsenal de injurias y calumnias que arrojaron contra la humanidad del destacado oficial barranquillero. Al almirante Arango Bacci esos medios de comunicación lo condenaron sin que hubiera sido vencido en juicio, como corresponde a cualquier ciudadano.
Visto los hechos, muchos años después de acontecidos, resulta increíble que algo así hubiese sucedido. Todo, absolutamente todo, fue alevoso, perverso y torticero. Una verdadera 'historia kafkiana'. Así lo expresé desde el primer momento en mis columnas de EL HERALDO en el 2007 cuando estalló el escándalo, porque conocía de los valores éticos y morales de quien era señalado por la Fiscalía de ser un vil delincuente.
El Ministerio de Defensa, en cabeza de Juan Manuel Santos, se prestó para deshonrar a uno de los hombres más brillantes de las Fuerzas Militares de Colombia. En pocas semanas y sin escuchar su versión de los hechos procedió a descabezarlo públicamente, como para no dejar dudas de la afrenta. ¿Cómo pudo el ministro Santos darle credibilidad a un montaje tan burdo, con un supuesto 'cartel de la herradura' que nadie conoció de su existencia, ni antes ni después de ocurrida la patraña? ¿Cómo pudo creer en la llamada 'prueba reina', que consistía en una supuesta huella dactilar del almirante Arango Bacci, que no resistía el más elemental peritaje? ¿Cómo pudo pensar siquiera que el Almirante Arango Bacci pudiera tener tratos con un criminal despreciable de la calaña de alias ‘Chupeta’?
Al almirante Arango Bacci lo salvó la Corte Suprema de Justicia, que el 3 de diciembre de 2009 procedió con probidad y sabiduría y puso todas las piezas del absurdo rompecabezas en su sitio. Tres de los testigos en contra del Almirante terminaron por reconocer su infame proceder: uno fue condenado, otro fue asesinado tiempo después y el otro se encuentra prófugo. Luego de incurrir en múltiples contradicciones, todos admitieron ser parte de un complot criminal. Tan contundentes fueron los argumentos de la defensa de Arango Bacci y tan débiles los de su contraparte, que tanto la Fiscalía como la Procuraduría reconocieron ante la Corte Suprema que el Almirante debía ser declarado inocente, puesto que no había en su contra un solo elemento que llevara a considerar la más mínima responsabilidad criminal.
Pero queda aún un capítulo que debe ser resuelto en esta conjura contra el Almirante Arango Bacci: ¿Quiénes movieron los hilos del complot? ¿Quiénes se ampararon en el cobarde anonimato para liquidarlo moral y socialmente? ¿Quiénes hicieron parte del montaje? ¿Quiénes de Inteligencia y Contrainteligencia de la Armada Nacional inventaron pruebas, compraron testigos, manipularon información y pagaron silencios?
La Corte Suprema de Justicia al declarar inocente al Almirante Arango Bacci ordenó investigar penalmente al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y al comandante de la Armada almirante Guillermo Barrera. También pidió continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos. Nada de ello ha ocurrido. Hasta el sol de hoy nada se sabe de qué pasó con el mandato de la Corte Suprema. ¿En qué van las investigaciones? ¿Hay investigaciones?
