Con el fin de que la Registraduría publique las irregularidades que se habrían presentado en el censo electoral de 2018 y de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, reconozca que la Consulta Anticorrupción pasó el umbral 'y que se deben revivir sus mandatos', los congresistas Iván Cepeda, del Polo; Ángela María Robledo, de la Colombia Humana; y Angélica Lozano y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, radicaron este viernes una acción de tutela.
El recurso constitucional se presenta después de que en un debate citado al respecto en la Comisión Segunda del Senado, Cepeda y Sanguino denunciaran que la Consulta Anticorrupción votada en el 2018 'sí alcanzó el umbral, pero por irregularidades en la configuración y depuración en el censo electoral se negó'.
Los tres argumentos de la tutela, se lee en la acción de amparo, son los de 'la violación al derecho fundamental a elegir, entendido éste como parte esencial del derecho a la participación política; el derecho a conocer la verdad electoral y a que el sentido de esa verdad se materialice en democracia; y sobre la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, como consecuencia de la composición irregular y la omisión de depuración del censo electoral en 2018, que afectó el reconocimiento de la Consulta Anticorrupción como un mandato vinculante dado por la ciudadanía al Estado'.
Al respecto, Cepeda comentó: 'En mi debate probé que el censo electoral ha estado seriamente distorsionado por millones de cédulas que no deberían estar incluidas. El registrador, Alexánder Vega, reconoció en el Senado esa realidad. Ese hecho indiscutible tuvo como una de sus consecuencias alterar los resultados de la consulta popular contra la corrupción, que a nuestro juicio superó por más de 400 mil votos el umbral requerido. La ciudadanía triunfó y ahora esperamos que la justicia lo valide para que se termine de legislar y cumplir los siete mandatos'.
