El Gobierno nacional no ha ahorrado esfuerzo alguno en tratar de vender como una reforma bondadosa lo que es en realidad una iniciativa perversa y afrentosa contra la inmensa mayoría de los colombianos, representados en una maltrecha y agonizante clase media, cuyos ingresos escasamente les alcanzan para sobrevivir en medio de una pandemia que no da respiro. Exprimir hasta la última gota de sudor de quienes estiran su salario mensual, así como sus precarios ingresos, parece ser el propósito de quienes diseñaron la llamada pomposamente reforma de 'Solidaridad Sostenible', que no es nada distinto a una reforma tributaria.
Dicha reforma 'solidaria y sostenible' tiene como propósito sanear las cuentas fiscales del país y recaudar vía impuestos 23,4 billones de pesos, que servirían –según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla– para garantizar la permanencia de programas sociales como Ingreso Solidario. De esta forma quedaría cubierto el 38 % de la población –unas 19 millones de personas– que conforman cerca de 4,7 millones de hogares.
Los recursos que se obtengan también servirían –según el Ministerio de Hacienda– para sostener y mantener los programas sociales vigentes, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.
Aunque el Gobierno insiste en el carácter social de la reforma, lo cierto es que la 'solidaridad' que pregona la iniciativa se soporta casi que de forma exclusiva en la clase media, que ha sido la gran damnificada con el coronavirus. Es una clase media empobrecida y pauperizada por cuenta de la pandemia. Los estratos 4 y 5 –por ejemplo– con los que el Gobierno hace cuentas alegres están conformados hoy en día por familias que escasamente tienen para pagar arriendo o créditos hipotecarios, servicios públicos y comer dos veces al día. El Gobierno debería reconocer que una cosa eran los estratos 4,5 y 6 antes de la pandemia y otra bien distinta después de la pandemia, cuando más de 4.000.000 de personas se han quedado sin empleo.
Pero mientras el Gobierno exprime de forma indolente y cínica los bolsillos de la clase media colombiana, se muere de susto a la hora de meterle el diente al sector financiero, que ha sido uno de los grandes beneficiados con la pandemia, no solo por el tratamiento preferencial que ha recibido, sino porque mantiene en sus arcas buena parte de los recursos destinados para ayudar a los más damnificados con la pandemia.
Para el ministro de Hacienda sería 'inconveniente' establecer nuevos gravámenes a los bancos, pero sí le parece conveniente poner a pagar a los estratos 4,5 y 6 un IVA del 19 por ciento en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Se le olvida al ministro Carrasquilla que dichos estratos ya financian –vía subsidios– la prestación de los servicios públicos a los estratos 1 y 2. Es decir, al Gobierno nacional le duele la suerte de los bancos, pero no la de millones de colombianos que a duras penas tienen para comer y para pagarles a esos mismos bancos a los que protege.
Pretender fijar gravámenes sobre las mesadas pensionales –consideradas por el Gobierno 'megapensiones', a partir de los $4.800.000 millones– es otra salida en falso. No solo se trata de meterle la mano a los ahorros de toda la vida de quienes disfrutan de lo que trabajaron honestamente durante muchos años, sino que llevaría a desertar a quienes aún creen que el ahorro pensional es una buena opción para poder disfrutar de un merecido descanso al final de sus días.
Pero, además, olvida el Gobierno que en las actuales circunstancias de pandemia es la pensión de los padres o abuelos la que muchas veces permite la supervivencia de la familia. ¿Cuántos hijos o nietos desempleados viven hoy de la pensión que reciben sus padres o abuelos? ¿Cuántos pagan sus matrículas en colegios y universidades gracias a las pensiones de padres y abuelos?
De manera que lo más conveniente que podría pasarle al Gobierno, al Congreso y al país es tramitar una reforma tributaria menos hostil y agresiva contra la clase media y asalariada del país. Insistir en una iniciativa que terminaría por empobrecer aún más a quienes apenas sobreviven por cuenta del coronavirus es no solo indolente, sino arriesgado en términos de armonía social.
Para no hablar del enorme costo político que pagaría el Gobierno nacional y los partidos y movimientos que lo respaldan de cara a unas próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Es servirle en bandeja de plata la bandera electoral a sus opositores, quienes se frotan las manos al ver cómo el Gobierno y sus aliados se convierten en sus 'jefes de campaña'.
¿Cuál es el costo económico, político y social de la reforma de 'Solidaridad Sostenible' sometida por el Gobierno al Congreso para su aprobación?
