'El vandalismo, los disturbios y el terrorismo urbano de baja intensidad son los principales enemigos del derecho a la protesta pacífica', sobre esa premisa el presidente Iván Duque solicitó al Congreso de la República tramitar, para la próxima legislatura, una ley 'antivandalismo y antidisturbios' que permita diferenciar ante la sociedad lo que es y debe ser la manifestación pacífica.
El anuncio ha desatado cualquier cantidad de reacciones, pero hay quienes consideran que es vital su futura promulgación debido a los actos vandálicos que se han registrado en los últimos dos meses en el país y que han dejado graves consecuencias en diferentes sectores de la economía.
Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, señaló que 'el vandalismo no es protesta, es delito'. Precisó que esa forma de protestar 'no es ejercicio de un derecho protegido por la Constitución, sino acción delincuencial que la Constitución ordena perseguir a través de la administración de justicia', dijo.
Guarín además señaló que le sorprende el hecho de que varios actores políticos en democracia rechacen el anuncio de una ley que busca proteger a los ciudadanos del vandalismo y la violencia a gran escala. 'Esa preocupación la deben tener los bandidos, los violentos, no los demócratas que deben proteger a la gente', indicó.
Por su parte, el senador Efraín Cepeda fue uno de los primeros congresistas en reaccionar ante el anuncio y dio un espaldarazo a la iniciativa.
