La condena que una sala de decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dictó en contra de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas, generó una enorme polémica que puso de presente la idiosincrasia nacional en lo que tiene que ver con el concepto de 'Justicia'.
En esta oportunidad, como sucede con mucha frecuencia cuando de asuntos judiciales se trata, las discusiones no son sobre las pruebas o la responsabilidad de Epa Colombia, pues el país entero la vio armada con un martillo destruyendo las instalaciones de una estación de Transmilenio en Bogotá y haciendo ostentación de ello en los videos que publica en la plataforma de YouTube, sino sobre su condición social.
En efecto, las críticas provienen de quienes ven a Epa Colombia como una persona 'pobre' a quien le han aplicado una pena excesiva. Y dicho exceso lo miden con la aplicada a quienes –según los críticos– también cometieron graves delitos, pero tienen el privilegio de ser 'ricos'.
Mientras a Epa Colombia la han condenado de forma implacable y sin piedad –sostienen los críticos– a los ricos les han sido impuestas penas mucho más bajas. Citan los casos del exministro Andrés Felipe Arias, el de Fernando Londoño Hoyos, el del exgobernador Alejandro Lyons y el del exsenador Eduardo Pulgar, entre otros.
Las tesis expuestas resultan no solo muy llamativas, pues responden a la percepción que cada colombiano tiene sobre lo que debe ser la Justicia, sino que además reflejan el grado de polarización del país.
En otras palabras, lo que ha quedado en evidencia con el debate es que cada colombiano considera que las decisiones son justas solo cuando lo favorecen. Todo lo demás es injusto, según este modo muy particular, exótico y peligroso de interpretar la Justicia.
El caso de Epa Colombia es emblemático porque se trata de hechos en los que todo el mundo está de acuerdo, están plenamente probados y son muy graves. Nadie –solo los anarquistas radicales– los justifican. Todos los demás colombianos los condenamos y consideramos que merecen una sanción drástica. Si ello es así, ¿entonces dónde está la controversia? El problema radica en que Daneidy Barrera, ‘Epa Colombia’, fue condenada por el Tribunal Superior de Bogotá a 63 meses de prisión y los críticos creen que dicho tribunal le adicionó el delito de 'instigación a delinquir con fines terroristas'. Esa es la nuez de la polémica. Ahí radica buena parte de toda la controversia que se ha armado. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo debería dirimirse la controversia?
