El controvertido punto del proyecto de ley anticorrupción que fue aprobado al filo de la medianoche del pasado lunes en último debate por la plenaria de la Cámara, aunque con la sustitución de la pena de cárcel y multa por la de pérdida de la personería jurídica, sigue generando voces encontradas y ahora se definirá el tema en la conciliación que debe hacerse entre Senado —donde una proposición similar no fue aprobada— y Cámara para ver si el artículo va o no.
Este aparte ha generado polémica por la penalización a quienes incurran en injuria y calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos, rechazada por varias fundaciones de prensa nacionales e internacionales y por distintos sectores políticos.
El artículo de procedencia oficialista quedó así en la Cámara: 'Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público, o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece'.
