Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron este miércoles el informe de conciliación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, con lo que la iniciativa gubernamental espera solo la sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
La norma ha causado polémica en la opinión pública porque, se afirma, borra las garantías a la protesta y facilita la privatización de las cárceles, entre otros temas.
Por otro lado, el Gobierno y la coalición oficialista han defendido el articulado señalando que es la solución para afrontar la reincidencia de los delincuentes, los hurtos callejeros y el porte de armas letales y no letales, entre otras.